Día: 6 octubre, 2013

Venezuela / Guayana hipotecada

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Más que una simbiosis, las empresas estatales del aluminio en Guayana han establecido una relación de subordinación con Glencore, el mayor comercializador de «commodities» en el mundo.

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Laguna de Lodos Rojos de Bauxilum (William Urdaneta)
 
JOSEPH POLISZUK |  EL UNIVERSAL
domingo 6 de octubre de 2013  12:00 AM
En la práctica, las empresas estatales del aluminio en Venezuela se han convertido en una suerte de maquila de Glencore, la mayor comercializadora de materias primas en el mundo. La trasnacional de origen suizo resultó ser el principal proveedor, cliente y en ocasiones hasta prestamista, al comprar su producción a futuro a cambio de efectivo inmediato.

La industria estatal del aluminio ha llegado, en las ocasiones más extravagantes, a pagar a Glencore con insumos que le ha comprado, nada más y nada menos, que a la misma Glencore. Son escenarios de un mismo circuito en el que la trasnacional traslada bauxita y otras materias primas a Guayana y luego se las vuelve a llevar como aluminio y productos terminados.

Bauxilum, por ejemplo, por primera vez ha tenido que acudir a una empresa trasnacional para importar bauxita, el mineral primario para la fabricación de aluminio. La trajo desde Brasil, Guyana y hasta Indonesia por intermedio deltrader suizo. Luego lo suministró en forma de alúmina -el precursor del aluminio- a la industria transformadora estatal, que con eso fabricó aluminio del que 30% estaba previamente reservado… para Glencore.

Es un negocio redondo para Glencore, una de las transnacionales más poderosas en el mercado de materias primas. La firma compra y vende en todo el planeta desde maíz hasta petróleo y no en vano tiene una sucursal en Ciudad Guayana, donde florece a pesar de las proclamas anticapitalistas del Socialismo del siglo XXI.

Futuro empeñado 

Sólo entre 2009 y 2010 Glencore reservó cerca de un millón de toneladas de aluminio en contratos a futuro. Y aun antes de volverse proveedor, ya esos convenios generaban pérdidas millonarias al Estado venezolano.

En esa relación comercial, Bauxilum ha firmado tres contratos con Glencore desde el año 2005 y negociado tres extensiones que la comprometen hasta el año 2018. Eso sin contar otro suscrito el 30 de agosto de 2011, en el que garantizó el suministro de 1,4 millones de toneladas de bauxita a Glencore a cambio de un préstamo por 120 millones de dólares.

Ese último acuerdo fue autorizado por el entonces ministro de Industrias Básicas y Minería, José Khan, quien llegó al cargo -precisamente- por el escándalo que provocó su antecesor, Rodolfo Sanz, por esos contratos. Mientras Sanz decía que esos acuerdos eran un «vicio perverso porque terminan apoderándose de las empresas y terminan ellos haciendo lo que les da la gana» (18 de julio de 2009), en el cuarto piso del edificio de Bauxilum les colocaba su firma.

En esas compras a futuro, Glencore se aseguró todas las de ganar: en lugar de pagar los cargamentos al precio del mes inmediatamente anterior registrado en la bolsa de valores del London Metal Exchange, como se estila en todo el mundo, la República Bolivariana de Venezuela aceptó que Glencore y Noble Resources, otra trasnacional, escogieran el mejor precio -el menor- de los últimos tres meses de cada despacho.

De haberse cumplido los convenios al pie de la letra, hasta septiembre de 2013 el Estado habría dejado de percibir algo más de 10 millones de dólares -US$ 10.126.297 con exactitud- sólo por la venta de 183.600 toneladas de aluminio primario y 32.400 de cilindros que Alcasa, otra de las empresas del complejo del aluminio de la Corporación Venezolana de Guayana, se comprometió a enviar en condiciones preferenciales en un contrato firmado el 1 de diciembre de 2009.

Pero ya se ve que con Glencore se negoció mucho más que eso. Los compromisos financieros de Alcasa y Venalum con el gigante suizo -en esas condiciones- reservaron alrededor de 964.000 toneladas de aluminio, el equivalente a casi toda la producción de los últimos tres años.

Amén de quebradas, las empresas básicas del aluminio están hipotecadas con Glencore. La emergencia eléctrica de 2010 obligó a desconectar buena parte de la cadena de producción, por lo que salir de las deudas se ha hecho cada vez más complicado. La transformación de bauxita en alúmina, por ejemplo, pasó en seis años de casi 2 millones de toneladas a unas 807.000 anuales. En este marco, Bauxilum aún le debe a Glencore más de 3 millones de toneladas de alúmina, una cifra que supone entregar la totalidad de la producción actual de casi cuatro años.

Aunque ahora los contratos están suspendidos por «razones de fuerza mayor», las empresas aún deben parte de los 540 millones de dólares de anticipo que recibieron al momento de su firma. El monto fue depositado en una cuentaoffshore de las estatales en una oficina comercial del banco ruso Gazprombank en el Líbano y, según los convenios, ese «adelanto» se pagaría con descuentos de 700 dólares a cada una de las toneladas despachadas entre 2010 y 2012.

Los contratos a futuro existen en todo el mundo con cláusulas como la 11.3, que establece que si un evento impide el despacho por más de 90 días, entonces las condiciones serán extendidas por un período igual a la fecha de cesantía. Lo que no es usual, explica un comprador nacional de aluminio, es que se tenga que pagar con más 162,9 dólares por cada tonelada, un plus que pudiera interpretarse como una compensación por los intereses generados; sólo que ese excedente equivale a 30% del anticipo. Es decir, hay un elevado 20,23% anual de interés sobre saldos. «Pareciera una grosería achanchullada», señala.

Bauxilum se va a pique 

Muy pocos en la industria hablan de esos contratos. Los compromisos con Glencore se hicieron tabú luego de que el presidente Hugo Chávez ideara el Plan Guayana Socialista 2009-2019, cuyo propósito era la transformación de la materia prima en Venezuela. La transición al socialismo soñaba con lograr el llamado desarrollo de aguas abajo que buscan en Guayana desde hace 60 años, pero en la realidad hoy hay más dependencia de las transnacionales.

El caso de Bauxilum es emblemático por lo contradictorio con el discurso oficial: datos del sistema SAP de información de la empresa, un informe de auditoría de 2013 (AL-DCPM-XX/12) y los documentos de Memoria y Cuenta del Ministerio de Industrias desde 2010 a la fecha, confirman que Bauxilum se va empeñando al tiempo que Glencore se beneficia.

La crisis alimenta un círculo vicioso: ahogada en deudas y caídas de la producción, Bauxilum accede a hacer más deducciones de dólares por tonelada a cambio de dinero fresco de Glencore. La táctica le permite ganar tiempo para aplacar conflictos laborales, pero no de a gratis: Bauxilum queda comprometida para el futuro y, por tanto, queda obligada a enviar más alúmina a Glencore a cambio de menos divisas en los próximos años.

Los informes de Memoria y Cuenta que el Ministerio de Industrias ha presentado desde 2010 hasta hoy en día resultan elocuentes: las empresas de la Corporación Venezolana de Guayana han disminuido su producción en la misma medida que ha crecido su relación con la trasnacional Glencore. Bauxilum, de hecho, registra una caída de 70% y hasta 80% de su capacidad instalada en cuestión de seis años.

Trasnacionales prosperan 

La firma de los contratos a futuro coincidió con el inicio de una crisis en toda la cadena de producción del aluminio, que arrancó en la mina de bauxita de Los Pijiguaos, ubicada al oeste del estado Bolívar, donde en 2012 por ejemplo, llegaron a extraer apenas un cuarto de los 6 millones de toneladas que solían producir.

La sustitución de importaciones que la industria había logrado se revirtió en tan sólo cinco años. Con la tercera reserva de bauxita más grande del mundo, Bauxilum importó 1,3 millones de toneladas de bauxita a través de Glencore, provenientes de Brasil, Guyana e Indonesia.

De acuerdo con el informe de auditoría AL-DCPM-XX-12, el producto no sólo se compró con sobreprecio sino fuera de especificaciones técnicas. Para justificar el requerimiento, la gerencia adujo la desinversión en la industria y anunció vender bauxita para amortizar sus deudas con la empresa de transportación ACBL, en donde figura como accionista el representante de Glencore en Venezuela, Roberto Wellisch.

En esa transacción, Bauxilum otorgó a ACBL un cargamento de 900.000 toneladas de bauxita cotizadas a precios más de dos veces por debajo del monto por el que la empresa estatal lo había adquirido, lo que quiere decir que compró caro y revendió barato al mismo grupo de empresarios. Sólo en esa triangulación se evaporaron 47,7 millones de dólares: el documento dice que Bauxilum demandó 28,8 millones de dólares por un cargamento similar al que había adquirido por 76,5 millones.

En las últimas semanas el representante de Glencore, Roberto Wellisch, ha visitado Guayana. Se supo que pidió a Venalum retomar sus intercambios, suspendidos en marzo de 2013, pero esta vez a cambio de coque de petróleo calcinado, un insumo requerido para la fabricación de ánodos de carbón que escasea en Guayana.

Según una carta filtrada desde la propia CVG, Palmat -la representante de Glencore en el país- propuso al gerente de logística de Venalum, teniente coronel Larry Aragort, facilitar 200.000 toneladas de coque de petróleo calcinado en el puerto de la estatal -a un precio de 450 dólares por tonelada- a cambio de 1.000 toneladas de aluminio entre agosto y marzo de 2014, con las mismas condiciones del contrato de 2009. Y Venalum aceptó la oferta el 2 de agosto, según consta en la comunicación GL-155/2013.

En Guayana, no han logrado recuperarse desde que en 2009 desincorporaron varias de sus líneas para ahorrar energía eléctrica. Entonces salieron a comprar 60.000 toneladas de aluminio para pasar a ser simples revendedores.

Según el Instituto Nacional de Estadística, Venezuela sólo ha importado de Estados Unidos y Brasil 6.941 toneladas de las 115.000 toneladas de aluminio aprobadas por Chávez en el punto de cuenta N 065/ de 2010. De no haber un error, la CVG pagó más de lo que llegó. ¿A dónde fue a parar el aluminio que el Gobierno importó?

jpoliszuk@eluniversal.com

(*) Este reportaje fue parte de un proyecto del Instituto de Prensa y Sociedad investigado y publicado en simultáneo en El Universal, El Correo del Caroní y el sitio web http://www.armando.info

Venezuela / Milicias buscan acabar con los sindicatos

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El 25 de septiembre, Hebert García Plaza, jefe del Órgano Superior de Defensa de la Economía, anunció que la milicia cubriría las vacantes de cajeros en los supermercados públicos y privados, luego de observar que 50% de los puestos de las cajas registradoras de los establecimientos estaban vacíos.

La medida representa, según expertos laborales y sindicalistas, la continuidad de la política de militarizar las relaciones de trabajo en Venezuela. Froilán Barrios, del Frente Autónomo de Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato, recordó que desde 2008 el Gobierno instrumenta un proceso permanente de militarización de las relaciones laborales en el país, a partir del discurso del presidente Hugo Chávez de que los trabajadores deben prepararse para la guerra asimétrica contra el Imperio (Estados Unidos).

Agregó que los sindicalistas oficialistas han señalado que la tropa miliciana de trabajadores alcanza la cifra de 250.000 personas, que hasta ahora han sido vistas uniformadas en actos patrios. “La iniciativa es de un profundo contenido reaccionario y antisindical que persigue el control y disciplina militar en los centros de trabajo”, reiteró.

La militarización de las relaciones laborales se debe al disgusto del Gobierno ante la gran conflictividad social existente en el país desde 2008, con un promedio de 2.000 protestas anuales: 45% son llevadas a cabo por  trabajadores que exigen que el patrón Estado respete la contratación colectiva, entre otros derechos laborales, agregó.

Orlando Chirinos, dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores, central izquierdista disidente, indicó que la presencia de militares persigue amedrentar a la clase obrera con la sustitución de una fuerza de trabajo que es civil por otra militar, sujeta a obedecer ciegamente las órdenes de sus superiores.

Acabar con los sindicatos

La milicia es la nueva herramienta del Ejecutivo para acabar con los sindicatos, organizaciones que, por sus luchas, no encajan en el modelo totalitario socialista, afirmó el asesor laboral Rolando Díaz. “El uso de los milicianos para ocupar puestos civiles es una nueva arista en la estrategia de abolir las organizaciones sindicales”, añadió.

El experto dijo que la milicia está en el sector de la vigilancia desde hace algunos meses, luego de la “sugerencia” gubernamental a las empresas del ramo de incluir en sus nóminas a este personal que ya está en edificios de oficinas del sector público y privado del país.

Trabajadores del sector vigilancia, que solicitaron no mencionar sus nombres, informaron que las compañías donde trabajan tienen instrucciones oficiales de incorporar milicianos en la labor de vigilancia en condominios residenciales y centros comerciales.

Chirinos, también directivo de la Alianza Nacional de Trabajadores del Cemento, destacó que los milicianos asumieron las labores de vigilancia en los distintos organismos estatales del país como ministerios, hospitales, institutos autónomos y empresas públicas. Alertó que ya son utilizados como fuerza de choque contra los trabajadores, como ocurrió recientemente en una acción sindical en el Seguro Social de Lara.

Refirió que al estar dentro de una estructura rígida de cadena de mando, el miliciano sólo obedece órdenes e instrucciones de sus superiores, lo que dificulta a los sindicatos y trabajadores poder dialogar con ellos.

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Instalaciones industriales

Yunis Hernández, dirigente sindical de la Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro, Sidor, precisó que las milicias obreras no tienen un papel principal en las empresas básicas, donde los procesos productivo e industrial demandan mano de obra calificada, especializada y con experiencia, además de que los trabajadores rechazan “todo lo que sea militar”.

Rolando Díaz señaló que los trabajadores militares no entrarán a corto plazo en las plantillas de instalaciones industriales tecnificadas del sector petrolero, eléctrico y las empresas básicas de Guayana, entre otros. Sin embargo, apuntó que no es desdeñable la presencia masiva de la milicia, además de cajeros en los supermercados y vigilantes, en los servicios públicos en las áreas de electricidad, gas, agua y aseo urbano, para penetrar después toda la cadena de producción.

Barrios advirtió sobre el impacto negativo de la incorporación de los milicianos al mercado de trabajo en Venezuela, pues se generará más desempleo y precarización laboral en un país donde la mitad de la población económicamente activa está en el sector informal y la tasa de desocupación llega a 12%.

Los sindicalistas recordaron que la Organización Internacional del Trabajo, de la cual Venezuela es miembro y ha suscrito sus acuerdos, sólo reconoce a los sindicatos, cuyo carácter es exclusivamente civil, como los representantes de los trabajadores.

Abarata los costos laborales

La incorporación de la milicia a puestos de trabajo que realizan civiles abaratará los costos laborales del Estado y de la empresa privada porque los cuerpos armados están exceptuados de la Ley Orgánica del Trabajo, como lo dispone el artículo 5, afirmó el experto Rolando Díaz.

El asesor laboral agregó que los órganos militares y de seguridad no atienden cabalmente el llamado de la legislación de dar a su personal los mismos beneficios establecidos para los trabajadores civiles, además de que no pueden sindicalizarse por su condición de estar en instituciones regidas por una cadena de mando.

A los empresarios privados, Díaz les recomienda no aceptar la contratación de personal militar por abaratamiento de los costos laborales, pues esa decisión significa renunciar a la independencia productiva y económica. En cuanto a los sindicatos, dijo que habrá protestas para rechazar la pérdida de puestos de trabajo y de libertades democráticas con la incorporación de mano de obra militar.

Créditos para: http://dossier33.com/2013/10/milicias-buscan-acabar-con-los-sindicatos/#sthash.rr36SL6r.dpuf

Venezuela / Gobierno ha aumentado más el sueldo y salario mínimo a militares que a profesores, policías y maestros

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2013 ha sido un año movido económicamente para el país. Con una inflación de 32,9% acumulado hasta el mes de agosto, el salario de los venezolanos vale cada vez menos.El gobierno de Nicolás Maduro ha anunciado ajustes salariales para diversos sectores ente los que destaca el militar, el cual recibió el mayor aumento no fraccionado, llegando a percibir hasta 60% más de su salario.Salario mínimo, mínimo

A partir del 1º de mayo entró en vigencia un aumento del salario mínimo de 20%, y posteriormente, el 1º de septiembre, 10% adicional, colocándolo en Bs. 2.702,72 y en noviembre se hará efectiva la tercera parte del incremento en 10%, con lo que se ubicaría en Bs. 2.972,97. Sin embargo, hay quienes aseguran que el salario mínimo no alcanza ni para comer completo.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en el mes de agosto la Canasta Alimentaria sufrió un aumento de 4,9%, ubicándose en Bs. 2.915. Es decir, a los venezolanos que ganan salario mínimo les faltan Bs. 212,28 para poder adquirir los alimentos básicos.

«Pobresores» universitarios

Durante mayo y junio el foco estuvo en las casas de estudio del país. Los «pobresores» universitarios, como se hicieron llamar, iniciaron un paro indefinido para exigir un aumento salarial ajustado a las normas de homologación. A esta exigencia se sumaron trabajadores de las alma mater y los estudiantes, quienes pedían un ajuste de las becas.

Marcharon, hicieron clases magistrales en las calles, trancaron vías, y hasta en huelga de hambre se declararon. Finalmente, luego de dos meses de crisis universitaria, el gobierno nacional respondió.

Una Contratación Colectiva Única fue aprobada, a pesar de las críticas de las Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios (Fapuv), y de las federaciones estudiantiles.

El aumento fraccionado decretado por el gobierno contempló 25% de retroactivo a enero 2013, 25% el 1º de septiembre. Además, se estableció 25% adicional para enero de 2014.

Cuerpos policiales

El 13 de septiembre la Presidencia de la República publicó en Gaceta Oficial la nueva escala de sueldos para los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones, Penales, Científicas y Criminalistícas (Cicpc), y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

De acuerdo al decreto, un detective del Cicpc, grado I y nivel I, pasaron a devengar un salario de Bs. 5.035, mientras que el sueldo para un oficial de la PNB pasó a oscilar entre Bs. 4.312 y Bs. 10.586, dependiendo de la jerarquía, el grado y el nivel.

Salud: necesario pero insuficiente 

En el caso del sector Salud, el presidente Nicolás Maduro anunció un aumento del salario fraccionado: 50% el 1 de septiembre, y 25% a partir del 2014.

El ajuste fue publicado el 19 de septiembre en Gaceta Oficial, donde se especificaba que la medida incluía a a los galenos que presten servicios para el Ministerio de la Salud, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y el Instituto de Previsión y Asistencial Social del Ministerio de Educación (Ipasme).

La Federación Médica Venezolana reaccionó calificando el aumento como necesario pero insuficiente.

Maestros continúan protestas

El pasado 25 de septiembre el primer mandatario anunció un aumento salarial de 75% para los maestros. Sin embargo, al día siguiente el vicepresidente Jorge Arreaza aclaró que el mismo sería fraccionado en cuatro partes: 25% en septiembre de 2013; 25% en octubre; 10% en julio de 2014 y en septiembre de 2014 un 15% sobre los tres aumentos anteriores.

Este ha sido uno de los sectores menos favorecidos por los ajustes, lo que ha hecho que el magisterio continúe en protesta para exigir un aumento justo con la situación económica del país.

En Caracas, frente a la Vicepresidencia y al ministerio, en Lara, Barinas, y Aragua han rechazado el aumento por considerarlo insuficiente, mientras que en Apure amenazan con declararse en huelga general.

Por su parte, la Federación Venezolana de Maestros manifestó que esperaban un ajuste de 120% en el salario.

Militares favorecidos

Finalmente, el sector militar ha sido el más reciente beneficiado. Maduro anunció este 4 de octubre un aumento salarial para los integrantes de las Fuerzas Armadas.

La ministra de la Defensa, Cármen Meléndez, detalló que el incremento será de 60% para sargentos; 50% para oficiales hasta generales de división y 45% para almirantes y generales en jefe.

Créditos para: http://globovision.com/articulo/gobierno-ha-aumentado-mas-el-sueldo-de-militares-que-el-de-profesores-policias-maestros-y-el-salario-minimo