PROTESTAS CONTRA LA SUBASTA. Barrera policial en la playa de la Barra de Tijuca, en Río de Janeiro. / EFE

El consorcio formado por la anglo-holandesa Shell, la francesa Total, las chinas CNPC y CNOOC, y la brasileña Petrobras, ha ganado la primera gran subasta de petróleo organizada por Brasil desde el descubrimiento del presal, el área submarina frente a las costas de Río de Janeiro y São Paulo donde los expertos sitúan ingentes reservas de crudo y gas. Pese a que solo ha participado un consorcio y no ha sido necesario realizar más que una oferta para la adjudicación, la entrada de las dos compañías europeas ha salvado la subasta. El Gobierno brasileño temía que solo empresas estatales (como las dos chinas y la propia Petrobrás) pujaran por el yacimiento y con la entrada de las otras dos empresas privadas ha celebrado el resultado por todo lo alto.

Según la directora general de la ANP, Magda Chambriard, Brasil recaudará 300.000 millones de reales (casi 140.000 millones de dólares) en concepto de royalties que el Estado tiene previsto invertir en educación (75%) y salud (25%). “Un éxito mayor era difícil de imaginar. Estas empresas están entre las diez mayores del mundo en su valor en el mercado energético. Esto implicará un billón de ganancias para nuestro Gobierno en los próximos 30 años”, declaró Chambriard. Poco después de conocerse el resultado de la subasta, las acciones de Petrobras subieron un 5 % en la bolsa de valores de São Paulo.

Horas antes de iniciarse la subasta, la española Repsol, representada a través de su filial brasileña de capital hispano-chino Repsol-Sinopec, anunció su retirada de la carrera por Libra. La semana pasada la norteamericana Exxon y las británicas BP y BG también hicieron pública su decisión de no pujar en una subasta que desde hace meses ha despertado el interés de analistas y petroleras. El Gobierno brasileño esperaba una participación masiva, con alrededor de cuarenta empresas de varios países y varias rondas de ofertas, pero al final los interesados se redujeron a diez, entre ellos la propia Petrobras.

La subasta, celebrada en un conocido hotel del barrio residencial de Barra de Tijuca, estuvo rodeada de un fuerte dispositivo de seguridad, con más de mil policías y soldados que protagonizaron choques con manifestantes de varios colectivos, principalmente del sindicato de trabajadores del petróleo. Los manifestantes exigían la suspensión de la subasta bajo el argumento de que el Estado brasileño está entregando el presal a empresas extranjeras.

Pero el propio resultado de la subasta desmiente este extremo, ya que el consorcio ganador, que en realidad fue el único que pujó por Libra, se ha comprometido a entregarle al Estado brasileño el 41,65% del petróleo que consiga bombear. En realidad, este porcentaje era el mínimo establecido en las propias reglas de la licitación, lo que corrobora la falta de competencia durante la puja.

Petrobras entrará en el negocio con una participación del 40%, mientras que Shell y Total participarán con un 20% del capital cada una. Las chinas CNPC y CNOOC obtienen un 10% de la tarta respectivamente. El consorcio tendrá que pagar un canon fijo de 15.000 millones de reales (algo menos de 6.900 millones de dólares) a Brasil por los derechos de extracción. Esta cantidad también era la mínima establecida en las reglas de la subasta.

Para que Libra entre en funcionamiento las petroleras también deberán invertir cerca de 100.000 millones de reales (algo más de 46.000 millones de dólares) para instalar entre 12 y 18 plataformas de gran tamaño y emplear hasta 90 barcos de apoyo.

El contrato cerrado durará 35 años no prorrogables, aunque lo previsto es que los pozos no comiencen a bombear crudo hasta 2019. Los expertos estiman que diez años después se alcanzaría la capacidad máxima de extracción, cifrada en 1,4 millones de barriles diarios.

Los cálculos se han realizado en base a las informaciones aún inciertas de la Agencia Nacional de Petróleo (ANP) de que Libra, con sus 1.500 kilómetros cuadrados de superficie localizados en la cuenca marítima de Santos, contiene entre 8.000 y 12.000 millones de barriles de crudo. Según el organismo, sólo este yacimiento podría duplicar las reservas probadas en Brasil.

Créditos para: http://internacional.elpais.com/internacional/2013/10/21/actualidad/1382390983_029494.html 

En Perú, una ley de 2005 reconoce que las víctimas de la violencia ocurrida entre 1980 y 2000 tienen derecho a recibir reparaciones del Estado, pero las víctimas de hechos posteriores se encuentran en una especie de limbo. Viven además en zonas permanentemente declaradas en emergencia, con restricciones de tránsito y reunión. Son los olvidados entre los olvidados del conflicto terrorista. 

En los dos últimos años, diez civiles han muerto a causa de acciones de fuerzas del orden en el Valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE), en los límites de la sierra y selva sur del país. El último de ellos el pasado miércoles. Otros diez muertos civiles o desaparecidos se deben a acciones de Sendero Luminoso, de acuerdo a lo informado por la prensa en su momento. Si se suman los heridos (20) y las personas desplazadas (170), son más de 200 víctimas de la violencia desde marzo de 2011, y más de 300 si se consideran las bajas de policías y militares en combate o emboscados. Ninguno tiene derecho a una indemnización del Estado.

Sendero Luminoso se replegó en el 2000 a un reducto en Vizcatán, zona de difícil acceso en Ayacucho, cuando la cúpula de la organización terrorista fue detenida en Lima. En 2006 el Gobierno decidió enfrentarlo militarmente y en 2007 nuevamente se produjeron acciones armadas de ambos lados. Desde entonces hay víctimas en la población civil contigua a las bases contrasubversivas o cercana al paso de miembros deSendero Luminoso.

Un civil que supuestamente realizaba obras en la base contrasubversiva Unión Mantaro (Huanta, Ayacucho) fue muerto por disparos el sábado pasado. La prensa local informó que se debió a un ataque de Sendero Luminoso. Hasta la fecha se desconoce la identidad del ciudadano fallecido y ninguna entidad pública se pronuncia sobre el caso. En la misma semana, a las 20:30 del miércoles 16, un helicóptero militar lanzó cohetes a una zona urbana del centro poblado de Nueva Esperanza. Uncomunicado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas indicó que se trató de una “operación aérea disuasiva” contra terroristas que prepararían trampas explosivas en los caminos hacia la base contrasubversiva de Mazángaro.

Sin embargo, horas después los residentes desmintieron la versión, pues los militares les habían dicho que no salieran en esos días a sus chacras (tierras de cultivo) porque iban a “limpiar” la zona. Paradójicamente, el hombre que murió a causa de los impactos de piedras causadas por uno de los misiles es Paulino Huamán, miembro del comité de autodefensa, es decir, una organización comunal que enfrenta a Sendero Luminoso, o también la delincuencia.

“Antes han hecho operativos en el campo ¿por qué ahora en el pueblo?”, comentó al diario La República Alberto Toscano, uno de los ciudadanos que firmó un acta a las 6.00 del día siguiente relatando lo ocurrido. El ministro de Defensa, Pedro Cateriano, reconoció la noche del domingo en un programa de TV que se trató de un error, que el hecho está en investigación y que indemnizarán a los afectados. Sin embargo, la promesa del ministro Cateriano no se inscribe en alguna formalidad institucional y los afectados no tendrían cómo exigir su cumplimiento.

La niña de ocho años Zoraida Caso murió durante una operación militar que pretendía desmontar un campamento de Sendero Luminoso en Ranrapata (Junín, sierra central). Los agentes escondieron el cuerpo en unos matorrales, entregaron a la madre y a dos hermanos a las autoridades como si hubieran sido rescatados del terrorismo. En junio de este año la Fiscalía indicó que no tenía elementos para determinar a quién pertenecía el proyectil que le causó la muerte y la investigación quedó archivada. Si Zoraida Caso fuera considerada una víctima de la violencia en el marco de la ley 28592, a sus padres les correspondería dividirse una reparación económica de diez mil soles, unos 3.500 dólares, pero como su muerte ocurrió después del 2000, el Estado no la considera víctima de la violencia.

En Nueva Esperanza hay toque de queda a partir de las 21.00 y los que no viven en la zona tienen que pedir permiso a las autoridades militares para circular. “Es otro mundo”, comenta a EL PAÍS una fuente que estuvo en el lugar antes del ataque aéreo. “Es un pueblo de una sola calle, todo está cerca, la escuela, las casas pegadas una al lado de la otra, son unas 80 familias. La base militar, a unos 50 metros”.

En abril del año pasado, la agricultora Asunción Gavilán resultó con graves heridas producto de una operación militar aérea con misiles en Sanabamba, Huanta, departamento de Ayacucho. Las fuerzas armadas suelen utilizar cohetes para ‘despejar’ la zona de posibles francotiradores de Sendero Luminoso. La mujer se encontraba en una zona de cultivo y fue evacuada a pie por lugareños que la socorrieron. Tardaron dos días en llegar a un centro de salud.

En mayo último, soldados del Ejército dispararon contra nueve civiles que se trasladaban de madrugada en una camioneta rural en el distrito de Kepashiato (La Convención, Cusco). Pese a que la versión militar indicó que desde el techo de la camioneta un hombre les disparó y que tenían información de inteligencia de que pasaría un vehículo con narcotraficantes, los heridos se identificaron posteriormente como comerciantes conocidos en su zona de origen. Las investigaciones aún no dilucidan responsabilidades: varios meses después el dueño de la camioneta rural reclamaba que no le devolvían su vehículo, que tenía las marcas de los disparos, y que era su herramienta de trabajo.

La Defensoría del Pueblo envió el año pasado al Congreso una carta en la que solicita que modifique la ley 28592 para extender el período en el que el Estado reconoce a las víctimas de la violencia. “Hemos hecho la recomendación también en dos informes defensoriales en los que evaluamos el cumplimiento del Plan Integral de Reparaciones”, refirió a EL PAÍS Gisela Vignolo, la Adjunta de Derechos Humanos y Discapacidad de la Defensoría del Pueblo. El Plan Integral de Reparaciones es el conjunto de indemnizaciones económicas, y reparaciones en salud, educación, vivienda y documentación que el Estado debe entregar a las víctimas de la violencia.

“Uno de los casos emblemáticos que figura en nuestros informes es el de la señora Lucy Pichardo”, agrega Vignolo, en alusión a la muerte de cuatro familiares y la desaparición de dos niños en Vizcatán, durante una operación militar en 2008. Hasta la fecha, no ha habido respuesta del Estado en torno a estos casos. El entonces ministro de Defensa, Antero Flores Aráoz, dijo que las operaciones se hicieron respetando los derechos humanos.

El padrón de víctimas reconocidas por el Estado y con derecho a alguna reparación incluye a 186.350 personas, más de 5.600 comunidades y 46 organizaciones de desplazados por causa de la violencia. Según la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) que coordina la entrega de reparaciones, hasta julio, 1.877 comunidades habían recibido la compensación colectiva que les corresponde, es decir, el 32% de los afectados.

De las más de 70.000 personas que tienen derecho a una reparación económica, “se ha beneficiado a 17.652, el 23% del universo”, reportó CMAN en su informe anual difundido en julio. En Perú tienen derecho a los diez mil soles las personas o sus familiares directos que hayan sufrido asesinato, ejecución arbitraria o extrajudicial, desaparición forzada, violación sexual, o que como consecuencia de atentados o agresiones tengan una discapacidad física o mental permanente, parcial o total. A estas reparaciones no tienen acceso las víctimas de la violencia que sigue sufriendo el país andino.

Créditos para: http://internacional.elpais.com/internacional/2013/10/22/actualidad/1382451429_519745.html 

«Y llega un momento en que uno debe adoptar una posición que no es ni cautelosa, ni diplomática, ni popular, sino que uno debe adoptarla porque la conciencia nos dice que es la correcta”. Martin Luther King, Jr.

El pasado 15 de octubre comenzó un juicio emblemático en un tribunal federal de la ciudad de Nueva York; Chevron Corp vs. Steven Donziger et al.; una de las mayores petroleras del mundo contra los abogados y defensores que representan a los 30.000 demandantes de Lago Agrio, en Ecuador. Este caso es el más reciente de la larga y trágica historia de las víctimas ecuatorianas que luchan por hacer justicia.

Escribo esto porque no quiero que el problema real y de fondo quede en el olvido. Las comunidades ecuatorianas están luchando para obtener justicia por las violaciones de los derechos humanos y crímenes ambientales cometidos por Texaco entre 1971 y 1992 en la Amazonía norte del Ecuador. Desde 1993 estas víctimas ecuatorianas han estado buscando ayuda en el mayor litigio ambiental en la historia de América Latina.

He decidido hacer escuchar mi voz como una defensora de los derechos humanos; en 2003 visité las comunidades afectadas en las provincias ecuatorianas de Orellana y Sucumbíos, y durante mucho tiempo les he apoyado en su búsqueda de la justicia.

No estoy escribiendo como una defensora del equipo legal, ni apruebo su comportamiento, pero creo en la necesidad de hablar por las víctimas ecuatorianas que tal vez ahora nunca logren la justicia que merecen. Es sumamente importante que el Juez Lewis Kaplan, la prensa, y el público en general no pierdan de vista el problema de fondo.

El caso original contra Texaco (hoy Chevron) ha sido bien documentado. Entre 1971 y 1992, Texaco estuvo involucrada en una exploración petrolera descuidada, de la cual extrajo 1.500 millones de barriles de petróleo en el Ecuador. Texaco perforó más de 350 pozos en un área de selva aproximadamente tres veces el tamaño de Manhattan, y arrojó cerca de 16.500 millones de agua contaminada en unas piscinas sin revestimiento protector – un 150% más que la cantidad que derramó el buque cisterna Exxon Valdez. Cuando Texaco salió de Ecuador en 1992, dejó 916 piscinas sin revestimiento y llenas de desperdicio tóxico, algunas apenas a unos metros de las casas de los residentes. Se dejó permear estos desechos altamente tóxicos derivados de la extracción petrolera hacia los acuíferos y el ecosistema en una de las selvas más valiosas del mundo. Al no haber agua potable, las familias de la región, entre ellos miles de niños, no tuvieron otra alternativa que beber, bañarse y cocinar con el agua envenenada de los riachuelos, ríos, lagunas y pantanos que han sido contaminados por Texaco.

Uno de los pozos contaminados en la Amazonia ecuatoriana.

La legislación de Estados Unidos exigen que estas piscinas sean cubiertas con un revestimiento impermeable. Los estados de Luisiana y Texas, grandes productores de petróleo, aprobaron estas leyes en la década de 1930. Texaco debió ser consciente de las terribles consecuencias estas piscinas si no se las revestía debidamente —tomaron una decisión basada en los cálculos de las ganancias. La compañía se ahorró unos 3 dólares por barril de petróleo producido al manejar el desecho tóxico en Ecuador de una manera que era impensable e ilegal en los Estados Unidos. El costo a la población humana es incalculable: ha destruido ecosistemas, ha hecho proliferar enfermedades, ha arruinado cultivos y ha matado ganado.

Durante mis visitas a las comunidades afectadas en 2003, quedé horrorizada ante la evidencia de las consecuencias por la exposición directa a esta agua tóxica. El sufrimiento y la devastación ambiental que presencié no es una invento ni ficción. Es el legado tóxico dejado por Texaco para las generaciones presentes y futuras.

En mayo de 1995, tres años después de que Texaco saliera del país, la República de Ecuador y Texaco llegaron a un acuerdo con respecto a las obligaciones de Texaco para limpiar el porcentaje de los sitios de explotación que le correspondía según su participación en el consorcio que sacó beneficios de la extracción petrolera. La empresa estatal petrolera de Ecuador, PetroEcuador, era el dueño mayoritario con el 62% de ese consorcio desde 1976 hasta 1992; por tanto, a Texaco se le exigió que limpiara solamente una parte menor de los sitios de explotación.

Este acuerdo formó parte más tarde de las alegaciones de Chevron que sostenían que el caso ya había sido zanjado. Sin embargo, no zanjó las reclamaciones de particulares o afectó a los derechos de las comunidades afectadas por las acciones de Texaco. Definitivamente el trabajo de limpieza realizado por Texaco fue limitado y no tuvo ningún efecto material que marcara una diferencia en las vidas de las comunidades ecuatorianas.

El desastre de Texaco desembocó en la demanda ambiental más grande de Latinoamérica hasta la fecha; fue interpuesta por 30.000 demandantes de la Amazonía ecuatoriana. Presentaron una demanda colectiva por 1.000 millones de dólares contra Texaco en Nueva York. Texaco hizo desestimar la demanda en Estados Unidos por motivos deforum non conveniens. En 2002, el tribunal estimó la petición de Texaco y el caso se trasladó a Ecuador con la condición de que la compañía no usara la figura de la prescripción del caso como defensa y que cualquier fallo tuviera validez en los Estados Unidos. Entre los demandantes existen cinco tribus indígenas: los cofanes, los siona, los secoya, los quichuas y los huaorani.

Ecosistemas contaminados por la acción de Texaco en Ecuador.

Chevron adquirió Texaco en 2001. A diferencia de los accidentes de Exxon Valdez y Deepwater Horizon, donde Exxon y BP, respectivamente, asumieron algo de responsabilidad por su negligencia, Chevron tuvo éxito en trasladar el caso fuera de los Estados Unidos porque le proporcionaba dos opciones: amañar el sistema judicial de un país extranjero, o eludir su responsabilidad al no reconocer la validez de la sentencia si no era favorable para ellos.

En febrero de 2011, el juez Nicolás Zambrano emitió un veredicto final ordenando a Chevron el pago de 18.500 millones de dólares a los demandantes ecuatorianos. No obstante, debido a que Chevron no tiene propiedades en el Ecuador, los demandantes no han podido cobrar la indemnización que estipulaba el fallo.

Chevron ha gastado más de 400 millones de dólares en un ejército de abogados para evitar que la compañía pague, y ha gastado más de 100 millones de dólares en grupos de presión que influencien a legisladores y funcionarios gubernamentales para afectar el comercio entre Ecuador y Estados Unidos y desacreditar a Ecuador, su gobierno y su sistema judicial. Chevron inclusive ha presionado al Congreso de Estados Unidos y al Secretario de Comercio para no renovar las preferencias arancelarias de Ecuador, que expiraban el 31 de julio de 2013.

Incluso antes del fallo ecuatoriano en 2011, la firma legal Gibson, Dunn & Crutcher, que representa a Chevron, estuvo trasladando físicamente el caso de Ecuador hasta Nueva York, de contaminación y derechos humanos a ética de abogados.

Gibson Dunn logró ordenes judiciales en Estados Unidos para obligar a los productores del documental CRUDO a entregar 600 horas de video sin editar sobre el caso ecuatoriano en 2010. Estos vídeos aparentemente muestran a un abogado de las comunidades ecuatorianas relatar cómo ejerció presión sobre los jueces ecuatorianos. Ahora Chevron está acusando al abogado de cometer fraude y asociación ilícita —procurar obtener un arreglo para su propio beneficio— y ha demandado a los abogados y asesores de los demandantes ecuatorianos.

Chevron interpuso tres acciones colaterales contra la sentencia de Ecuador ante un tribunal federal en Nueva York, presidido por el Juez Lewis Kaplan, que ha tenido una actitud desconcertante frente al caso. Los ecuatorianos han pedido que el Juez Kaplan sea recusado del caso. En el auto de Mandamus, los ecuatorianos manifestaron su preocupación por los términos utilizados por el juez; se refirió a ellos como los «auto denominados demandantes de Lago Agrio» y en un auto por escrito los describió como «un número de indígenas que dicen residir en la Amazonía ecuatoriana».

El 26 de enero de 2012, un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del segundo distrito judicial de Estados Unidos emitió un fallo que resolvía que el Juez Kaplan se había excedido en sus funciones cuando intentó bloquear el cumplimiento del fallo de 18.000 millones de dólares contra Chevron en todo el mundo por daños ambientales en Ecuador. Pero Chevron contraatacó.

Una imagen de la región tras el paso de Texaco.

Esto nos trae nuevamente al juicio que ha comenzado el  pasado 15 de octubre en el tribunal federal de Nueva York, nuevamente frente al Juez Kaplan. Para evitar un juicio frente a un jurado, Chevron ha renunciado a sus demandas por daños y perjuicios contra los acusados. Existe un enorme desequilibrio de poder y recursos entre los dos lados. A diferencia de Chevron, la defensa tiene escasos recursos —como se demuestra en esta petición de Julio Gómez, en la que pide que el cronograma del juicio refleje el hecho de que:

Mi firma legal no tiene fondos para contratar a un abogado asociado, un paralegal, o por lo menos un asistente que me ayude durante el juicio debido a que no cuento con los fondos suficientes para cubrir las cuentas pendientes –mucho menos los gastos requeridos para el juicio. Ni siquiera he podido contratar dos asistentes para que me ayuden temporalmente a presentar los documentos de los demandados para el juicio previo en agosto.

Chevron también ha emitido citatorios para recopilar el contenido de emails a lo largo de nueve años —desde septiembre de 2003 hasta 2012— de 101 cuentas de email que pertenecen a personas que han tenido alguna conexión con el caso. La información requerida incluye nombres, fechas y horas y datos detallados de ubicación y de usuarios. El juez Kaplan accedió a emitir este citatorio en septiembre de 2013. Según la revista Mother Jones, esto se desvía peligrosamente hacia la violación de los derechos contemplados en la Primera Enmienda constitucional.

La republica de Ecuador también pidió permiso para intervenir en el juicio para proteger la confidencialidad de documentos secretos, que lograron llegar a las manos de Chevron en el juicio sin ninguna explicación.

El caso de los ecuatorianos está perdido en un laberinto legal. Las vías legales se están cerrando, de tal forma que las víctimas no tienen a dónde recurrir.

El fallo de 18.500 millones de dólares a favor de los demandantes ecuatorianos debió ser histórico, un emblema, un precedente para terminar con la impunidad de las corporaciones multinacionales en los países en vías de desarrollo y lograr justicia. Debió ser un ejemplo de esperanza. Pero después de 20 años de dura batalla, estoy comenzando a tener serias dudas sobre si las víctimas de Ecuador serán alguna vez compensadas.

Las comunidades ecuatorianas fueron víctimas de la explotación de una corporación multinacional, Texaco. Sus vidas y la de los sus niños se vieron afectadas por el agua tóxica que se derramó hacia las fuentes de agua de las cuales dependen. Este es el problema real y es una historia que es muy común a lo largo y ancho de todos los países en vías de desarrollo. Con su equipo legal siendo juzgado, ¿quién buscará ahora justicia para los demandantes ecuatorianos?

Apelo al Juez Kaplan, a la prensa, y al público en general para que por favor no se olviden de lo que aquí está en juego. No permitan que este embrollo legal eclipse los problemas que están en el centro de este caso: derechos humanos, justicia y protección del medio ambiente.

© The Huffington Post

Créditos para: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/10/22/actualidad/1382451405_141983.html