Día: 23 octubre, 2013

Los diarios de papel perderán US$ 1.100 millones en publicidad

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El grupo Gannett, dueño de USA Today y otros grandes periódicos difundió un informe en que advertía las cuantiosas pérdidas que enfrenta una industria en decadencia

En lo que va del año, la industria de diarios de papel en Estados Unidos recibió 5,3% menos de publicidad que en 2012. Si la tendencia se mantiene, el año cerrará con 1.180 millones de dólares menos de ingresos por el rubro.

En el caso particular de Gannett, la retracción en avisos publicitarios fue de 5,9%, de 552,7 millones de dólares en el tercer trimestre de 2012 a 520,2 millones en igual período de este año. El grupo atribuyó las pérdidas a «presiones seculares» y al «tibio crecimiento económico».

Además recordó que en 2012 recibió más avisos por la realización de los Juegos Olímpicos de Verano.

Las ganancias netas de la compañía se contrajeron un 40% en el tercer trimestre. Como consecuencia, decidió 434 despidos en septiembre.

Pero el de Gannett no es un caso aislado. La Newspaper Association of America (Asociación de Diarios de Estados Unidos) registró una caída sostenida en la publicidad durante los últimos siete años.

La organización State of the News Media da un dato aún más preocupante: en la actualidad, la masa publicitaria total en periódicos impresos representa apenas el 45% de lo que era en 2006.

Como respuesta ante la crisis, muchos medios apelaron a compensar sus pérdidas aumentando los anuncios en sus plataformas digitales. Pero las ganancias de éstas están muy lejos de equilibrar un balance que da cada vez más negativo para los diarios de papel.

 

Créditos para: http://www.infobae.com/2013/10/23/1518219-los-diarios-papel-perderan-us-1100-millones-publicidad 

ONU: el 80% de los paraguayos trabaja de manera informal

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Lo determinó un estudio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Allí se resalta que hay «impedimentos estructurales que inhiben la formalización del empleo«

Crédito: Reuters

El 81,1% de los trabajadores paraguayos aún está en el sector informal, pues no cuenta con contratos o seguro de salud y no hace aportaciones a la seguridad social, según un estudio de la ONU divulgado este martes, que dice que hubo avances «lentos» en el desarrollo humano en el país en la última década.

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) destacó que hay «impedimentos estructurales que inhiben la formalización del empleo» en Paraguay, y que el proceso de reducción del empleo informal «sigue sumamente lento», pues «sólo» se redujo de 87,1 % en 2001 a 81,8 % en 2011.

«La persistencia de instituciones relativamente débiles y la falta de mayores espacios de diálogo social» son dos factores que obstaculizan una mejora sustancial en la formalidad laboral, según el Informe sobre Desarrollo Humano en Paraguay, elaborado por laOrganización Internacional del Trabajo (OIT) y el PNUD.

El economista jefe del PNUD en Paraguay, Julio Fernández, destacó la importancia defortalecer la capacidad institucional de Paraguay sobre temas de trabajo porque en el país «no existe un ministerio dedicado a ello. Solo hay un viceministerio y con un presupuesto bajísimo«.

En una entrevista con la agencia EFE, Fernández criticó que, a pesar del momento económico «álgido» que vive el país, el sector empresarial no tiene «una exigencia de responsabilidad social» y la mayoría de las compañías no da de alta a sus empleados en la Seguridad Social.

 

Con unapoblación activa de 3,5 millones de personas, sólo el 18% de ellas, unos630.000hacen aportaciones al Instituto de Previsión Social (IPS), que da cobertura a poco más de 1,2 millones de paraguayos, incluyendo a los cotizantes y a familiares beneficiarios, según datos oficiales.

El economista del PNUD manifestó que el sector rural está «muy descuidado» y que lospequeños productores, con menos de 3 hectáreas, están «totalmente desatendidos» por parte del Estado, siendo los que menor índice de desarrollo tienen en el país.

«La función pública tiene un indicador muy superior, es un privilegio trabajar en el sector público«, ya que tienen contrato formal, alta en un seguro de salud y cotizan para obtener una pensión de jubilación, añadió Fernández.

El informe, que asegura que la educación y el trabajo formal son los factores que más aportan al desarrollo humano, fue hecho con base en las Encuestas Permanentes de Hogares de los años 2001 al 2011, realizadas por el Estado paraguayo.

Según el PNUD, sólo un 16,3 % de la población ocupada de Paraguay cuenta con un índice de desarrollo satisfactorio y la mayoría se encuentra en Asunción.

El informe señala al departamento de San Pedro, en el centro del país y uno de los más pobres, como el lugar con peor desarrollo social.

La pobreza general en el país bajó de un 36,8 % a un 32,4 % en los últimos 10 años, un ritmo que el PNUD considera lento.

Según ese organismo, 1.165.745 paraguayos viven en situación de pobreza extrema y otros 930.721 en pobreza no extrema, de una población total aproximada de 6,5 millones.

Por otro lado, la agencia de las Naciones Unidas denunció también en el informe que «la proporción de niñez trabajadora que no asiste a la escuela es alrededor de 28%«.

 

Créditos para: http://www.infobae.com/2013/10/22/1518142-onu-el-80-los-paraguayos-trabaja-manera-informal 

Para educar a Maquiavelo / Carlos Alberto Montaner

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Por: Carlos Alberto Montaner.-

Supongamos que unos científicos italianos descubren muestras del ADN de Nicolás Maquiavelo y deciden clonarlo. Esperan de él que aconseje sabiamente a los políticos, pero hay que educarlo en los secretos del siglo XXI.

Nicolás Maquiavelo no era un canalla inmoral, sino un brillante florentino, a caballo entre los siglos XV y XVI, que intentaba establecer ciertos límites a la autoridad para lograr la estabilidad de la República y la felicidad de los súbditos. Maquiavelo escribía, claro, para la atribulada sociedad de su tiempo. ¿Cómo formar a Maquiavelo? Como no hay tiempo para florituras, deciden educarlo por medio de los índices más serios y acreditados. No perderán un minuto en las chácharas marxistas y otras boberías vecinas al colectivismo estatista. Eligen seis índices importantes y le explican cómo localizarlos en Internet.

El primero será el Índice de Desarrollo Humano que publica la ONU. Ahí encontrará una lista de las naciones más desarrolladas y estables del planeta de acuerdo con ciertas variables relacionadas con longevidad, salud y educación.

Como Maquiavelo es una persona sagaz, inmediatamente advertirá que las 25 naciones más prósperas y progresistas del mundo son democracias en las que el aparato productivo está en manos de la sociedad civil. Funcionan de acuerdo con las normas económicas del mercado y se sujetan a las reglas que imponen Estados razonables.

Esas 25 naciones cuentan con un tejido empresarial denso y tecnológicamente avanzado. Maquiavelo no tarda en descubrir que si previamente no se crea la riqueza, nada es posible y ésta sólo germina en las empresas.

¿Cómo lograron prosperar? En ese punto lee el segundo índice, Doing Business del Banco Mundial. Clasifica las facilidades o dificultades de 185 países para crear empresas y hacer negocios de acuerdo con diez variables que incluyen desde el costo de la energía, hasta el peso de los impuestos o el tiempo que toma iniciar la actividad. Maquiavelo se da cuenta de que los mejor colocados son los 25 sospechosos de siempre. Los mismos.

Pero ¿cómo compiten esas empresas en el mercado? La pregunta se la responde The Global Competitiveness Index preparado por el World Economic Forum. La competitividad descansa en 11 pilares: las instituciones; la infraestructura, que incluye transporte y comunicaciones; la estabilidad macroeconómica; la salud y la educación infantil; la educación superior y el adiestramiento de la clase trabajadora; la flexibilidad del mercado laboral; el desarrollo financiero y acceso al crédito; la predisposición por la tecnología; el tamaño del mercado; el refinamiento empresarial; y la innovación. A Maquiavelo le despierta la curiosidad la innovación.

¿Por qué todos esos países son, simultáneamente, los más avanzados? Se lo explica elInnovation Capacity Index dirigido por el chileno Augusto López-Claro, uno de los mejores economistas de hoy. Para compilarlo tienen en cuenta cinco variables: el capital humano (la educación); gobernanza y corrupción; el manejo macroeconómico; la calidad de las regulaciones; y la equidad de género o incorporación de la mujer al trabajo.

Le llaman la atención las palabras gobernanza y corrupción. Busca en la red el Índice de Estado de Derecho publicado por The World Justice Project. Este estudio anual pondera 10 factores y 49 subfactores para establecer la calidad del Estado de Derecho. Son tres elementos básicos: rendición de cuentas por parte del gobierno; leyes claras y estables con protección real de los derechos individuales, promulgadas por un poder legislativo competente; y acceso a jueces justos, bien instruidos y honorables. Sin justicia, ni siquiera hay desarrollo sostenible.

¿Y la corrupción? Esa es la termita que poco a poco devasta los fundamentos de la convivencia. Para conocerla, Maquiavelo examina el Índice de Corrupción que publica Transparency International. Es el menos objetivo porque se basa en percepciones. La corrupción es opaca por su propia naturaleza. Quienes la practican tratan de borrar sus huellas.

Cuando ha terminado, Maquiavelo conversa con los genetistas que le devolvieron la vida. No va a escribir otro tratado. ¿Para qué, si todo ya ha sido publicado? Lo que hay que hacer es conectarse a la red.

 

Créditos para: http://opinion.infobae.com/carlos-alberto-montaner/2013/10/22/para-educar-a-maquiavelo/ 

La SIP acusó a Ecuador de «amordazar» a la prensa

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Rafael Correa sigue adelanto con su lucha contra la prensa
Rafael Correa sigue adelanto con su lucha contra la prensa

Desde su llegada al poder, el presidente ecuatoriano Rafael Correa ha librado una incesante «batalla» contra los medios opositores. Su última arremetida contra la prensa no oficialista fue la nueva ley de Comunicación, conocida como Ley Mordaza. Al respecto, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en su Asamblea General celebrada en la ciudad norteamericana de Denver, instó a la Corte Constitucional de Ecuador a atender las demandas que recibió sobre esa legislación.

En ese sentido, el organismo internacional asegura que «oficializa la mordaza» a la prensa.

«La ‘Ley Mordaza’ establece entes gubernamentales que tienen la potestad de controlar la propiedad de los mediosimponer censura directa e intromisión en los contenidos, definirquién puede o no ser periodista y crea nuevos delitos de prensa que benefician a las autoridades y funcionarios públicos por sobre los ciudadanos», informó la SIP, que agregó que «varios ciudadanos han presentado demandas de inconstitucionalidad de la Ley de Comunicación ante la Corte Constitucional».

Por su parte, el organismo internacional aprobó una resolución en la que exige al gobierno ecuatoriano «que respete y garantice la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho de los ciudadanos a estar informados desde distintos puntos de vista».

Asimismo, la SIP instó a la Corte ecuatoriana a observar lo que establecen «tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos de la OEA y la Declaración  Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas», en materia de libertad de expresión.

Además, exhortó al presidente Correa a que «pida a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una opinión consultiva» sobre la compatibilidad de la Ley Mordaza con los principios establecidos en los diferentes tratados internacionales en materia de libertad de prensa y expresión.

En esa línea, la SIP describe la realidad de Ecuador como un «ambiente hostil en contra del periodismo»  y asegura que «se extiende a prácticamente todo nivel de gobierno público, ya sea nacional o local, la práctica de premiar o castigar a los medios con la contratación de publicidad y con la entrega de información».

«En su trabajo diario el periodista se enfrenta a un sinnúmero de agresiones, que van desde detención provisional, amenazas de juicio, golpizas y muerte; pedidos de disculpas públicas, acoso e intentos de desacreditación a través de decenas de cadenas de televisión», concluye el informe del organismo.

 

Créditos para: http://www.infobae.com/2013/10/23/1518203-la-sip-acuso-ecuador-amordazar-la-prensa 

Un código penal implacable hace de Cuba uno de los países más seguros del mundo

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Por: Claudia Peiró

Las cárceles cubanas están llenas, rige la pena de muerte, la reincidencia implica condenas más largas y la edad de imputabilidad es de 16 años. Según la ONU, la isla registra los índices de criminalidad más bajos de la región

 

 
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Se trata de una «sensación» de seguridad confirmada por los numerosos turistas que visitan la isla. El riesgo mayor es ser embaucado por algún cubano sediento de dólares con un «cuentito del tío», pero se trata de una experiencia que está a años luz de los riesgos que se corren en otros países latinoamericanos, donde el asesinato en ocasión de robo alcanza cifras récord.  

Podría pensarse que esto es resultado de un mayor grado de conciencia –el Hombre Nuevo, una de las banderas de la Revolución castrista- o de logros en materia social, pero 510 presos por cada 100.000 habitantes –la 6ª tasa más alta del mundo– apuntan más bien a la dureza de un Código Penal en las antípodas del garantismo: prevé la pena de muerte, castiga fuertemente la reincidencia, considera penalmente imputables a los jóvenes desde los 16 años –aunque con penas algo menores-, fija agravantes para el robo y el hurto tales como que tenga lugar en «vivienda habitada» o en un «transporte público», asimila la tenencia de drogas con el tráfico, y mantiene castigo de privación de la libertad para delitos menores o simples contravenciones: merodeo, vagancia y escándalo en la vía pública, entre otros. 

Delito de sospecha y castigo preventivo 

«El que cultive la planta Cannabis, conocida por marihuana (…), incurre en sanción de privación de libertad de 3 a 8 años» (la misma prevista para el traficante); la «embriaguez habitual», la «narcomanía» y la «conducta antisocial» son calificadas como «estado peligroso«, es decir, «la especial proclividad en que se halla una persona para cometer delitos, demostrada por [una conducta] en contradicción manifiesta con las normas de la moral socialista» y pueden dar lugar a medidas de «seguridad pre-delictivas»; el reincidente no tiene derecho a la pena en suspenso, puede ver su segunda condena incrementada en un 50% y, luego de cumplir sentencia, puede ser objeto de vigilancia especial. 

En concreto, el Código Penal cubano es un muestrario que va de la mano dura -pena de muerte por fusilamiento para delitos como asesinato, sabotaje o piratería- hasta la tolerancia cero más descarnada: si en Nueva York se aplicó a las más mínimas transgresiones, enCuba directamente se reprime hasta el delito en estado de posibilidad: en efecto, el «estado peligroso» habilita a medidas tales como «internamiento en establecimiento asistencial, psiquiátrico o de desintoxicación», «asignación a centro de enseñanza especializada, con o sin internamiento», o «vigilancia por los órganos de la Policía Nacional Revolucionaria». 

Merodeo o vagancia son figuras penales que el garantismo cuestiona por implicar discriminación social. En Cuba directamente se las asimila a la propensión a delinquir. Y habilitan de hecho a las autoridades a un castigo preventivo de esta «conducta antisocial» bajo la forma del tratamiento y la rehabilitación forzosos. 

Además, quien tenga relación con algunos de los «antisociales» arriba mencionados, puede ser objeto de una «advertencia» por la autoridad pública, mediante acta que deberá firmar ante la policía. 

Por otra parte, la simple tenencia de droga para consumo, se castiga con 6 meses a 2 años de privación de libertad. Y de 3 a 8 años al médico que prescriba drogas sin finalidad terapéutica. 

La edad de imputabilidad es de 16 años, pero hasta los 18 años la pena para el delincuente puede ser reducida en sus mínimos y máximos hasta la mitad. Y para los de 18 a 20, en un tercio. Los menores de 20 no son pasibles de pena de muerte. 

Castigo y vigilancia al reincidente 

En Argentina, donde la mayor parte de los delitos son cometidos por personas con antecedentes, el garantismo promueve la eliminación de la reincidencia con el argumento de que una persona condenada por un delito y que ha cumplido la pena no puede volver a ser castigada por el mismo delito.   

No piensan así los cubanos. La Sección 8ª del Código Penal cubano está dedicada a la reincidencia y a la multirreincidencia, y establece que la persona sancionada por un segundo delito de la misma índole verá su condena incrementada en un tercio, y en un 50% si es multirreincidente. Si el delito es de otra índole el aumento será de entre un cuarto y un tercio. 

Además, «en cualquiera de estos casos, el tribunal puede disponer (que), una vez cumplida la sanción de privación de libertad, el sancionado quede sujeto a una vigilancia especial de los órganos de la Policía Nacional Revolucionaria por un período de tres a cinco años e imponerle» obligaciones tales como prohibición «de cambiar de residencia sin autorización del tribunal»; «de frecuentar medios o lugares determinados» o «cualquier otra medida que pueda contribuir a su reeducación».

Paredón 

La pena de muerte, por fusilamiento y a partir de los 20 años de edad, se aplica en casos de asesinato y otros delitos contra la Seguridad del Estado, tales como la conspiración, el sabotaje y la piratería. 

En el año 2003 fueron condenados a la pena capital tres ciudadanos por el secuestro de una lancha de pasajeros con la cual pretendían emigrar a Estados Unidos. Ni la intervención del papa Juan Pablo II pudo salvarlos del paredón. 

La Sección 7ª, define como «Piratería» –con pena de privación de libertad de diez a veinte años o muerte- el apoderarse por ejemplo de una nave y desviarla de su ruta. 

El asesinato está penado con 15 a 20 años de prisión o muerte. Cabe aclarar que la pena máxima es de 20 años pero puede extenderse hasta 30, precisamente en el caso de los delitos para los que también se prevé la condena a muerte. 

La propiedad privada se respeta 

Llamativamente, para un régimen basado en la propiedad colectiva, el hurto y el robo son penados con severidad y, sobre todo, tienen notorios agravantes.

Para el hurto se prevé la privación de libertad de 6 meses a 2 años o multa o ambas cosas , pero la privación de libertad es de 2 a 5 años si se actúa en grupo, si se comete «en vivienda habitada», si es por arrebato (sin lesiones); y aumenta aún más -entre 3 y 8 (ocho) años «si el hecho se realiza con la participación de menores». Un multirreincidente podría por ejemplo recibir 12 años. 

La preocupación de las autoridades por el orden hace que la pena por hurto sea de 2 a 5 años de darse «aprovechando aglomeraciones públicas o cualquier otra circunstancia propicia» para el arrebato. Un artículo destinado especialmente a los pungas. Y «si el hecho se realiza por un reincidente, la sanción es de privación de libertad de tres a ocho años». 

El robo con violencia o intimidación se sanciona con privación de libertad de 3 a 8 años. Y de 4 a 10 años si «el hecho se ejecuta en un vehículo de transporte público o de pasajeros» y de 8 a 20 años cuando «el hecho se comete en vivienda habitada» o de él resultan «lesiones graves», o con «arma de fuego o de otra clase» y si el hecho «se realiza por una o más personas (en) grupo organizado» o con la participación de menores. 

El artículo 53 del código considera «circunstancias agravantes» en general, el actuar en grupo organizado, la «participación de menores», la «crueldad» o «perversidad», el «cometer el hecho de noche, o en despoblado, o en sitio de escaso tránsito u oscuro», el aprovecharse de «la indefensión de la víctima, o la dependencia o subordinación de ésta al ofensor», encontrarse alcoholizado o drogado o cometer el delito durante el cumplimiento de una sanción o en libertad condicional. 

El orden es lo primero 

Existe en el Código cubano la figura de «escándalo público«, que se sanciona con cárcel de 3 meses a 1 año o multa para quien «importune a otro con requerimientos homosexuales«, «ofenda el pudor o las buenas costumbres con exhibiciones impúdicas o cualquier otro acto de escándalo público» o difunda pornografía. 

No hay benevolencia para las conductas delictivas o antisociales que apuntan a minar el orden y la autoridad estatal. Así por ejemplo existe la figura del desacato (por amenazas y ofensas a la autoridad, con sanción de 3 meses a 1 año de privación de la libertad y/o multa). 

En el capítulo referido a la Seguridad interior, se prevé que quienes, «tumultuariamente y mediante concierto expreso o tácito, empleando violencia, perturben el orden socialista o la celebración de elecciones o referendos, o impidan el cumplimiento de alguna sentencia, disposición legal o medida dictada por el Gobierno, o por una autoridad civil o militar (…) o rehúsen obedecerlas, o realicen exigencias, o se resistan a cumplir sus deberes» serán sancionados con privación de libertad de diez a veinte años o muerte. 

Queda claro por lo anterior que toda manifestación antigobierno o piquete están vedados en Cuba. Por las dudas, también se prevé «sanción de privación de libertad de tres meses a un año o multa o ambas» para el que «en lugares públicos, espectáculos o reuniones numerosas, dé gritos de alarma, profiera amenazas de un peligro común o realice cualquier otro acto con el propósito de provocar pánico o tumulto». 

Se castiga la ofensa y desobediencia a la autoridad (funcionarios, policía) con penas que pueden ir hasta la privación de libertad (3 a 8 años). 

Para los funcionarios también hay «mano dura»: el cohecho puede ser castigado con un máximo de 15 años de prisión. 

Cárceles a pleno 

Existe el «trabajo correccional«, como sanción, con internamiento. Léase: campamentos de trabajo.  

En cuanto a la libertad condicional, los primarios deben cumplir la mitad de la pena para recibir ese beneficio y los reincidentes tres cuartos.  

El intento de fuga, si es colectivo, tiene una pena de prisión de 4 a 10 años, además de la condena que ya se está cumpliendo. 

Si en la fuga hubo complicidad de un funcionario a éste le caben de 3 a 8 años de cárcel. Si fue sólo descuido, hay benevolencia: sólo será de 1 a 3 años. Y de 4 a 10 años de prisión para los que se amotinen en cárcel. 

En junio pasado, el gobierno modificó por decreto el Código y la Ley de Procedimiento Penal no tanto en función de suavizarlo sino fundamentalmente para resolver el problema de la superpoblación carcelaria

Los cambios, que entraron en vigencia el 1º de octubre, permiten, entre otras cosas, a los tribunales imponer multas en lugar de privación de la libertad en caso de que en la comisión del delito se evidencie escasa «peligrosidad social», y si la sanción prevista para el delito en cuestión no excede los tres años de privación de libertad. 

Se espera de este modo aliviar la presión sobre las más de 200 cárceles, centros de detención y campamentos de trabajo del sistema penitenciario cubano, donde existe una demasiado alta densidad por metro cuadrado.

Oficialmente, se reconocen unos 57.000 reclusos en la isla. Pero según la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, la cifra real es de entre 65.000 a 70.000 personas.

 

Créditos para: http://www.infobae.com/2013/10/23/1518198-un-codigo-penal-implacable-hace-cuba-uno-los-paises-mas-seguros-del-mundo 

Argentina: mal uso de los agroquímicos provoca problemas de salud

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El boom de la soja en la Argentina, el principal producto de exportación del país, está relacionado con el uso de semillas transgénicas. La mala aplicación de herbicidas y pesticidas trae consecuencias sobre algunos sectores de la población rural

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El peón de campo Fabián Tomasi no estaba entrenado para usar pesticidas. Tenía que llenar los tanques de los rociadores lo más rápido posible para que siguiesen fumigando, lo que frecuentemente implicaba ducharse en sustancias tóxicas. Hoy, a los 47 años, es un esqueleto en vida y le cuesta salir de su vivienda en la provincia de Entre Ríos.

La maestra de escuela Andrea Druetta vive en la provincia de Santa Fe, corazón de la zona de producción de soja argentina y donde está prohibido rociar agroquímicos a menos de 500 metros de las zonas pobladas. Pero se siembra y fumiga soja a 30 metros de su casay sus hijos fueron rociados con veneno mientras nadaban en su piscina.

Luego del fallecimiento de su bebé recién nacido por una falla renal, Sofía Gatica hizo una denuncia que dio lugar a la primera condena que hubo en Argentina por el uso ilegal de sustancias agroquímicas. El veredicto del año pasado, no obstante, llegó demasiado tarde para sus 5.300 vecinos de Ituzaingó Anexo. Un estudio del Gobierno encontró niveles alarmantes de contaminación agroquímica en la tierra y en su agua potable, y un 80% de los niños examinados tenía rastros de pesticidas en su sangre.

La biotecnología estadounidense hizo de Argentina el tercer productor mundial de grano de soja, pero el uso de las sustancias químicas que potenciaron ese boom van más alláde los campos de soja, algodón y maíz.

 

The Associated Pressdocumentó decenas de casos en provincias agricultoras donde se emplean sustancias tóxicas en maneras que no fueron previstas por las regulaciones señaladas por la ciencia o que estuvieran específicamente prohibidas por la ley, y en un contexto de pocos controles estatal. El viento arrastra los tóxicos, que quedan esparcidos en escuelas y viviendas al tiempo que han contaminado fuentes de agua. Los peones del campo manipulan las sustancias sin el equipo protector necesario y la gente almacena agua en contenedores de pesticidas que deberían haber sido destruidos.

Ahora los médicos advierten que el uso descontrolado de pesticidas puede ser la causa de crecientes problemas de salud que vienen experimentando los 12 millones de personas que viven en la vasta región agrícola de Argentina.

En Santa Fe, las tasas de cáncer son entre dos y cuatro veces más altas que el promedio nacional. En el Chaco, los defectos de nacimiento se cuadruplicaron desde que el uso de esta biotecnología aplicada al campo se disparara hace 17 años.

«El cambio en la forma de producir, francamente ha cambiado el perfil de enfermedades», dijo Medardo Ávila Vásquez, pediatra y cofundador de Médicos de Pueblos Fumigados, parte de un creciente movimiento que exige la aplicación de normas seguras en la agricultura. «Nos hizo perder una población bastante sana. Ahora vemos una población con altas tasas de cáncer, niños que nacen con malformaciones y enfermedades que eran muy infrecuentes».

Una nación que supo ser conocida por su ganado alimentado con pasto ha sido transformada, desde 1996, cuando la empresa Monsanto, con sede en Saint Louis, Missouri, convenció a Argentina de que la adopción de sus semillas y sustancias químicas patentadas aumentaría las cosechas y reduciría el uso de pesticidas. Hoy, toda la cosecha de soja y casi toda la producción de maíz y algodón están modificadas genéticamente. Las áreas de cultivo de soja se triplicaron y ahora abarcan 19 millones de hectáreas.

El uso de los pesticidas bajó al principio, pero luego repuntó y se multiplicó por nueve. De los 34 millones de litros de 1990 se pasó a casi 317 millones en la actualidad, a medida que los agricultores aumentaban sus cultivos, hasta un máximo de tres cosechas al año, mientras las pestes se hacían más resistentes a las sustancias.

En general, los agricultores argentinos aplican un estimado de 4,3 libras de agroquímicos por hectárea, más del doble de lo que usan los estadounidenses, de acuerdo con un análisis de la AP de datos del Gobierno y de la industria de los pesticidas.

El glifosato, componente clave de los pesticidas Roundup de Monsanto, es una de las sustancias químicas más usadas y menos tóxicas del mundo para eliminar la maleza. Es segura si se aplica debidamente, según muchas agencias reguladoras, incluidas las de Estados Unidos y Europa.

 

El pasado primero de mayo, la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidosaumentó el nivel aceptable de residuos de glifosato en alimentos tras llegar a la conclusión, basada en estudios presentados por la empresa, de que «hay una certeza razonable de que no causará perjuicios en la población en general ni en los bebés y niños por su exposición acumulada».

Argentina adoptó el modelo de Monsanto, pero la aplicación de las normas de seguridad varía, ya que en la regulación de la agricultura priman las 23 provincias, que tienen distintas normativas. El rociado está prohibido a menos de tres kilómetros de las zonas pobladas en algunas provincias, pero es permitido a 50 metros en otras. Un tercio de las entidades territoriales no prevén límite alguno y la mayoría no tiene políticas detalladas de cumplimiento de las normas.

Una ley nacional obliga a quienes aplican sustancias químicas que puedan amenazar la salud a adoptar «medidas eficaces para impedir la generalizada degradación del ambiente, sin importar costos o consecuencias». Pero la ley nunca se aplicó a la agricultura, según comprobó la Auditoría General de la Nación el año pasado. 

En respuesta a numerosas denuncias, la presidente Cristina Fernández de Kirchner creó, en 2009, una comisión para que investigara a fondo la aspersión de agroquímicos. Esa comisión hizo público un informe de avance en septiembre del mismo año que dice que «es necesaria la ejecución sostenida en el tiempo de controles sistemáticos de concentraciones del herbicida y compuestos de degradación, como de estudios exhaustivos de laboratorio y de campo, que involucren a los formulados que contengan glifosato, como así también su(s) interacción(es) con otros agroquímicos, bajo las condiciones actuales de uso en nuestro país». La comisión, sin embargo, no se ha reunido desde 2010, según la Auditoría General.

Funcionarios del Gobierno insisten en que el problema no es la falta de investigación, sino la mala información que recibe la población.

«He leído infinidad de documentos, encuestas, videos en contra de la biotecnología, artículos en medios, en los universidades, tanto en Argentina como en Gran Bretaña, y realmente quienes leen todo esto se encuentran en una ensalada (se marean) y terminamos confundidos», dijo el ministro de Agricultura, Lorenzo Basso. «Creo que tenemos que repartir el compromiso de Argentina como productor de alimentos. Si no nos posicionamos en este principio, empezamos a cuestionar cuál es el modelo argentino».

En una declaración escrita, Monsanto dijo que «no aprueba el mal uso que se haga de los pesticidas o la violación de cualquier ley sobre el uso de plaguicidas, reglamentos o decisiones judiciales» que al respecto se hayan promulgado.

«Monsanto toma muy en serio la administración de los productos y nos comunicamos regularmente con nuestros clientes con respecto al uso adecuado de nuestros productos», dijo a la AP Thomas Helscher, vocero de Monsanto.

Modelo Monsanto

 Argentina fue uno de los primeros países en adoptar el nuevo modelo de la agricultura biotecnológica promovido por Monsanto y otras empresas agrícolas estadounidenses.

En lugar de rotar la tierra abonada y rociarla de pesticidas, para luego esperar que las sustancias tóxicas se dispersen antes de plantar, los agricultoras hacen la «siembra directa» y luego rocían la zona sin dañar las cosechas que han sido modificadas genéticamente para que puedan tolerar determinadas sustancias químicas.

La siembra directa requiere mucho menos tiempo y dinero y permite al agricultor hacer más cosechas y cultivar incluso en tierras que antes eran consideradas poco rentables.

Las pestes, no obstante, se hacen resistentes de manera más rápida, sobre todo cuando se aplican las mismas sustancias químicas a cultivos modificados genéticamente en gran escala.

 

Por eso es que los agricultores usan glifosato, considerado uno de los herbicidas más seguros del mundo, en concentraciones cada vez más altas y lo mezclan con sustancias mucho más tóxicas, como la 2,4,D, empleada por los militares estadounidenses en lo que se bautizó como el «Agente Naranja» para deforestar las selvas durante la guerra de Vietnam.

En 2006, una división del Ministerio de Agricultura argentino recomendó que las etiquetas advirtieran que el uso de mezclas de glifosato y sustancias más tóxicas debe limitarse a «áreas agrícolas, alejadas de viviendas y centros poblados». Pero la recomendación fue ignorada, según la investigación de la Auditoria General.

El Gobierno cita investigaciones de la industria avaladas por la autoridad ambiental estadounidense, que el primero de mayo dijo que «no hay indicios de que el glifosato sea un químico neurotóxico y no hay necesidad de hacer un estudio» al respecto.

El biólogo molecular Andrés Carrasco, de la Universidad de Buenos Aires, dice que los cócteles químicos son alarmantes, pero que el glifosato por sí solo puede generar trastornos a la salud de los humanos. Comprobó que la inyección de dosis muy bajas de glifosato en embriones de ranas y pollos puede alterar los niveles de ácido retinoico, lo que causa defectos en la columna similares a los que médicos detectan cada vez más en comunidades humanas donde se usan agroquímicos.

El ácido, una especie de vitamina A, es fundamental para combatir el cáncer y desencadenar expresiones genéticas, el proceso por el cual las células embrión se transforman en órganos y miembros.

«Si es posible reproducirlo en el laboratorio, seguramente lo que está pasando en el campo es mucho peor», dijo Carrasco. «Y si es mucho peor, y sospechamos que es, lo que tenemos que hacer es ponerlo bajo una lupa».

Sus hallazgos, publicados en la revista Chemical Research in Toxicology en 2010, fueron rechazados por Monsanto, que dijo que «no sorprenden dada la metodología y los escenarios de exposición irreales».

 

Monsanto sostuvo, en respuesta a las preguntas de la AP, que los análisis de la seguridad de los químicos deben hacerse únicamente en animales vivos y que la inyección de embriones «es menos confiable y menos relevante en la evaluación de los riesgos para los humanos».

«El glifosato es menos tóxico que el repelente que pones en la piel de los chicos», dijo Pablo Vaquero, vicepresidente de Monsanto en Argentina y director de asuntos corporativos de la empresa en el Cono Sur. «Dicho esto, habría que tener una hojita de responsabilidad en el buen uso de productos, porque de ninguna manera pondría repelente en la boca de los chicos, y ningún aplicador ambiental debería utilizar un mosquito o un avión fumigador sin darse cuenta de las condiciones ambientales y las amenazas que hay a partir del uso del producto». En los campos, las advertencias son vastamente ignoradas.

Durante tres años Tomasi estuvo expuesto cotidianamente a los químicos al llenar de pesticidas los tanques que se usan para rociar los cultivos. Ahora está al borde de la muerte, víctima de una polineuropatía, una enfermedad neurológica que lo tiene sin fuerza, marchito.

«Preparaba millones de litros veneno sin ningún tipo de protección, como guantes, máscaras o vestimenta especial», dijo. «No sabía nada de esto. Aprendí después de hacer contacto con científicos. Los venenos vienen en bidones, son líquidos concentrados con un montón de precauciones que tomar al momento de aplicarlo». Pero «nadie toma precauciones».

La soja se vende a 500 dólares la tonelada y los agricultores la plantan donde pueden, ignorando a menudo las recomendaciones de Monsanto y las restricciones establecidas en las leyes de las provincias, pues rocían sin avisar a la población, incluso cuando soplan vientos.

En Entre Ríos, los maestros dijeron que no se respeta el límite establecido de no rociar a menos de 50 metros en 18 escuelas y que 11 de esos campos de cultivo fueron fumigados en plena clase. Cinco maestros hicieron denuncias a la policía este año.

La maestra Druetta denunció en Santa Fe que algunos estudiantes se desmayaron cuando los pesticidas entraron a las aulas y que el agua potable de su pueblo de Alvear está contaminada. Dice que la escuela carece de agua purificada y que un vecino mantiene congelados cuerpos de conejos y pájaros que cayeron muertos tras la aspersión con la esperanza de que alguien los estudie.

En la provincia de Buenos Aires está prohibido cargar o preparar equipos para fumigar en áreas pobladas, pero en pueblos como Rawson se rociaron los tóxicos al otro lado de la calle, donde hay viviendas y una escuela, y las sustancias tóxicas que se desbordan fueron a parar a una zanja.

Félix San Román dice que cuando se quejó de las nubes de sustancias químicas que llegan a su casa, los rociadores le dieron una golpiza que rompió su columna y algunos dientes. Afirmó que hizo una denuncia en 2011, que fue ignorada.

«Este es un pueblo chiquito donde nadie se enfrenta con nadie y las autoridades hacen la vista gorda», dijo San Román. «Sólo quiero que se aplique la ley existente, que dice que no se puede hacer esto adentro (a menos de) 1.500 metros. Nadie la respeta».

A veces hasta las órdenes judiciales son ignoradas. En enero, el activista Oscar di Vincensi se plantó frente a un tractor en un campo aledaño a una casa, mostrando un papel con un fallo que impide rociar a menos de 1.000 metros de las viviendas en su pueblo, llamado Alberti. El conductor del tractor lo ignoró y lo roció de pesticida.

El riesgo en la salud

 El doctor Damian Verzenassi, director del programa de Medio Ambiente y Salud de la facultad de medicina de la Universidad Nacional de Rosario, decidió tratar de averiguar el motivo de un aumento en los casos de cáncer, defectos de nacimiento y pérdidas de bebés durante el embarazo en los hospitales de Argentina.

«No fuimos a encontrar problemas de agroquímicos», dijo el médico. «Fuimos a averiguar qué estaba pasando con la gente».

Desde 2010, hizo un estudio epidemiológico casa por casa que incluyó a 65.000 personas en la provincia de Santa Fe y comprobó que las tasas de cáncer son entre dos y cuatro veces el promedio nacional, incluidos el cáncer de pecho, de próstata y de pulmón. También se comprobaron altos índices de trastornos en la tiroides y de problemas respiratorios crónicos.

«Puede estar vinculado con los agrotóxicos», dijo Verzenassi. «Hacen los análisis de toxicidad sobre el primer ingrediente, pero nunca han estudiado las interacciones entre todos los químicos que están aplicando.

La médica María del Carmen Seveso, quien dirige desde hace 33 años las unidades de terapia intensiva y comisiones de ética en hospitales del Chaco, se alarmó al ver que, según certificados de nacimiento, los defectos congénitos de los bebés se habían cuadruplicado, de 19,1 a 85,3 por cada 10.000 nacimientos, desde que se aprobó la siembra de cultivos modificados genéticamente hace una década.

Empeñada en hallar las causas, Seveso y su equipo médico encuestó a 2.051 personas en seis pueblos del Chaco. Comprobó que hay más enfermedades y defectos en los pueblos agrícolas que en pueblos ganaderos. En Avia Terai, el 31% de los consultados dijo tener un familiar que contrajo cáncer en la última década, comparado con el 3% del vecino pueblo ganadero de Charadai.

Al visitar estos poblados rodeados por cultivos, la AP encontró rastros de sustancias químicas en sitios donde se supone que no deberían estar.

Claudia Sariski, cuya casa no tiene agua, dice que no deja que sus mellizas beban el agua almacenada en contenedores donde hubo sustancias químicas que tiene en el patio trasero. Pero sus pollos lo hacen, y ella usa esa agua para lavar la ropa.

«Preparan las semillas y el veneno en sus casas. No se ha tomado conciencia de lo que están haciendo», dijo la agrimensora Katherina Pardo. «Es muy común, tanto en Avia Terai como en pueblos vecinos, que usen los recipientes usados para abastecer de agua la casa. Como no hay agua potable, la gente los usa igual. Son gente muy práctica».

El estudio detectó enfermedades que, según la médica Seveso, antes no eran comunes, como defectos de nacimiento, deformaciones del cerebro, médulas espinales expuestas, ceguera o sordera, lesiones neurológicas, infertilidad y problemas inusuales en la piel.

Aixa Cano, una niña de cinco años, tiene verrugas peludas en todo el cuerpo. Su vecina Camila Verón, de dos años, nació con varios defectos. Los médicos les dijeron a las madres que los agroquímicos podrían ser responsables.

«Me dijeron que fue lo que tomaba, que está en el agua porque tiran mucho veneno acá cerca», dijo la madre de Camila, Silvia Achaval, señalando hacia su hija. «Los que dicen que tirar veneno no tiene efecto… no sé qué sentido tiene, porque allí tiene la prueba».

Es casi imposible demostrar que la exposición a una sustancia química específicapuede haber causado el cáncer o defectos de nacimiento en una persona. Pero, al igual que otros médicos, Seveso dice que los resultados en Chaco hacen necesaria una rigurosa investigación del Gobierno.

Su informe de 68 páginas, sin embargo, fue archivado por un año en el Ministerio de Salud del Chaco. Finalmente, se filtró una copia, que fue distribuida por internet. «Hay cosas de las que no se habla, cosas que no se escuchan», dijo Seveso. Los científicos dicen que sólo estudios más amplios, a largo plazo, pueden descartar a los agroquímicos como causantes de estas enfermedades.

«Es por ello que hacemos estudios epidemiológicos de males cardíacos, problemas con el cigarrillo y todo tipo de cosas», dijo Doug Gurian-Sherman, ex regulador de la Agencia de Protección Ambiental estadounidense que ahora colabora con la Union of Concerned Scientists. «Si tienes indicios que revelan graves problemas de salud, no esperas hasta tener pruebas absolutas para tomar medidas».

 

Créditos para: http://www.infobae.com/2013/10/21/1517756-argentina-mal-uso-los-agroquimicos-provoca-problemas-salud