Venezuela Opinión / Más salud, menos leyes / Rafael Mitilo

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Rafael Mitilo

«Todo intento de definir el delito al margen del Derecho penal vigente es situarse fuera del ámbito de lo jurídico, para hacer filosofía, religión o moral».

Francisco Muñoz Conde.-

La ley penal venezolana está diseñada para castigar el delito, bajo parámetros de transgresión propias de sociedades culturalmente sanas. Es decir, aquellas en los que los índices delictivos están estadísticamente dentro de las previsiones de control políticamente necesarios. Visto así, cómo expresa Muñoz Conde, el delito sólo es estudiable a los ojos del derecho, nunca de la medicina. El delito, es una enfermedad.

Esta realidad, nos obliga a estudiar con actitud crítica y observación microscópica, los obsoletos esquemas de enjuiciamiento. Esto es, revisar la dialéctica procesal y sustantiva en virtud de los cuales -por siglos- se entabla la acción del Estado contra el presunto delincuente. Ello nos develará que -lo que hasta ahora- funge como mecanismo de control social contra el delito no es ni será materialmente efectivo. Se está invirtiendo dinero, tiempo y espacio en «correr la arruga». La sociedad latinoamericana y, especialmente la venezolana, atraviesa la más cruda y difícil crisis en cuanto a criminalidad se refiere. El auge delictivo, que es un fenómeno global, coloca al Derecho penal, y, a sus formas de enjuiciamiento, entiéndase proceso, en el «banquillo de los acusados» pues, si algo está claro es que ya, esos viejos esquemas y concepciones que ocupan a connotados investigadores, no sirven para nada. O se asume el delito como un problema de salud pública, o se extiende infructuosamente la inoperante vigencia de la concepción jurídica. En otras palabras, para revertir los efectos devastadores de la criminalidad con verdadera voluntad de atacar certeramente el problema, se requieren más médicos que jueces, más centros psiquiátricos de rehabilitación que cárceles y, por supuesto, más maestros y escuelas que tribunales.

En la actualidad, no aceptar el carácter médico del delito, es insistir por ignorancia, en la ejecución consciente de políticas previsiblemente condenadas al fracaso, de ello, da cuenta la sola observación cotidiana de un mundo hostil acorralado entre el miedo y la muerte. Entre la corrupción y la burocracia. En fin, entre la pérdida de credibilidad en la eficacia del Estado y la ausencia de identidad con un cambio radical de paradigmas. El delito se está estudiando, bajo la óptica errada de propuestas jurídicamente correctivas. Pero resulta, que quien está enajenado, psiquiátricamente perturbado, o, sencillamente desadaptado, no está en capacidad de asimilar un castigo que resulta sólo, físicamente incómodo, más no moral y psicológicamente aleccionador. La sociedad busca apenas «encerrar» al ofensor, no se propone curarlo, porque ignora que está ante un enfermo.

Es tal el grado de desinformación, que ni siquiera los más destacados criminólogos y sociólogos asumen en su esencia, el carácter patológico del delito, así como la necesaria ubicación en la clasificación correcta: la medicina. Se analiza la causa y los factores generadores de éstos, se hacen propuestas de solución que no alcanzan dar en el blanco, pues mientras la oferta sea cárcel y tribunal, sólo se estará colocando recipientes para «parar» el bote de agua, en lugar de reparar el surtidor averiado. Lo más seguro, es que -conociendo la magnitud del problema- se concluya que, la cura es utopía, la cárcel es realidad.

Vamos a estar claros, quien es víctima individual y directa del flagelo delictual, para nada aceptará que al ofensor se le trate como enfermo y no como delincuente. Eso es comprensible. Pero, mientras no superemos tan enraizado esquema, el número de víctimas irá en aumento y, lo que es peor, cada vez con mayor crueldad, pues no es «filosofía» asegurar que el delito hoy por hoy, no se elimina con penas y tribunales, sino con políticas de profilaxis en las que, la «batuta» la lleven los médicos, por encima de los jueces y abogados. Dicho de otro modo, quien comete delito, evidencia un desequilibrio interior que, obviamente altera el control psicológico de un comportamiento contaminado y, en abierto conflicto con la lógica del sentido común, lo cual, individualmente, no corrige el encierro penalmente concebido, sino el tratamiento psicológicamente programado. Asociar el informe médico del delito, a la ausencia efectiva de castigo, o a la actitud «blandengue» es un error, a menos que los mecanismos a implementar corran la misma suerte de los que dieron origen a los esquemas ya conocidos, es decir, corrupción y burocracia. O lo que la realidad plantea, es hacer una revolución auténtica en la anacrónica concepción del Derecho Penal y el Derecho Procesal Penal, que pasa incluso por erradicar cada teoría, cada letra, cada nombre hasta arribar a la asimilación colectiva de que nuestro enemigo es realmente invisible y se llama: inconsciente. De allí en adelante comprendemos, no sólo ante qué monstruo estamos, sino además por qué estamos peleando a ciegas.

Insistir en aplicar el Código Penal y el Código Orgánico Procesal Penal, en los términos actuales, y no abocarse a la reestructuración del Derecho Penal Positivo, es como colocarse de espaldas, en medio de la vía, contra una estampida de elefantes. Las leyes no producen resultados cuando desconocen el fin de su creación, o, cuando el objetivo es radicalmente opuesto a la justificación social. Imaginemos, por un instante, que la sociedad penaliza el dengue, o la malaria, el Sida, el cáncer. Es absolutamente lo mismo, cuando al delincuente se le encierra, en lugar de tratarle clínicamente. La ley penal venezolana hoy por hoy es ineficaz porque el delito dejó de ser infracción de normas, o tema de estudio sociológico, para convertirse en epidemia. Lo cual resulta difícil de asumir, dada la fragilidad estructural de nuestra sociedad y la consecuencial debilidad de nuestras instituciones.

El pronóstico no es optimista, por cuanto nada se está haciendo en el sentido correcto. Se cree hacer lo debido construyendo más cárceles y más tribunales. ¿Qué dice la experiencia? Que encerrar, sin tratamiento, agrava la crisis. Leyes creadas para sociedades en las que el delito es la excepción, terminan legitimando el crimen en aquellas donde éste es la regla. La sociedad no se siente responsable y, la condición alternativa de los gobiernos resta fuerza al cambio de criterios.

Ahondar en soluciones, para no reducirse a la mera crítica, es lo adecuado, pero plantear soluciones a la radicalización de los nuevos esquemas, nos coloca en el terreno de la utopía y, eso -dada la urgencia de los cambios- forma parte del problema más que de la solución. Una idea resume todo cuanto aquí queda escrito: el Derecho Penal Sustantivo y adjetivo, tal como hoy se practica, es mera ficción, justificación rutinaria de un deber del Estado, y lo más grave: la epidemia cubre al mundo.

rafamitiloveliz@gmail.com

@RafaelMitilo

Créditos para: http://laprensadebarinas.com.ve/news/noticiaunica.php?id=57389

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