Frente a los primeros síntomas de la llegada a la Argentina del drama de la droga y de su comercialización y producción no solo no hicimos nada sino que, en muchos casos, se abrieron las puertas del lavado de dinero con planes oficiales para depositar dólares en el circuito blanco de la economía sin preguntar su procedencia -al mismo tiempo que se persigue y se le piden explicaciones de todo tipo a los argentinos de bien que quieren ahorrar 200 dólares- y de la importación de componentes químicos imprescindibles en el proceso productivo de drogas sintéticas.

Otro periodista, Gustavo Sasso, fue procesado en Bahía Blanca por investigar operaciones de narcolavado de Juan Ignacio Suris al tiempo que le secuestraron material fruto de sus averiguaciones, tarea que, en lugar de procesarlo a él, debería haber llevado adelante el propio juez.

El viernes por la mañana el jefe de Gabinete se rebajó a un terreno de barrabrava haciéndose el canchero gracias al juego de palabras con el apellido de nuestro colega Fernando Carnota, al que llamó “Marmota”, según su propia confesión, por el mero hecho de “criticarlos”.

Mientras, en el Congreso, se abre paso la ley de telecomunicaciones que implica la muerte de la TV por cable, fundamentalmente del interior del país en donde opinar diferente a la ola financiada desde el Estado se convertirá, al mismo tiempo en un sacerdocio y, por lo que estamos viendo ya, en un peligro.

Hace más de 20 años que planteamos la idea de que, para ampliar la competencia era bueno estudiar la posibilidad de que las empresa telefónicas pudieran ofrecer el servicio de televisión, porque ellas ya disponían de una  red de  tendido hogareño  que facilitaba su instrumentación.  Pero aquellas opiniones -que recuerdo empezamos a comentar en 1993 en Radio América (a la sazón del mismo dueño de Cablevisión en ese momento -Eduardo Eurnekián- circunstancia que nunca me perjudicó ni implicó ningún “llamado” para que “evitara” esos comentarios, en una prueba evidente de la libertad de expresión sin miedos que imperaba en esos años) tendían, justamente, a ampliar verdaderamente no solo el arco de opiniones y de pareceres sino de inversión, de tecnología y de fuentes de trabajo.

Lo de hoy se inscribe en un marco completamente contrario. Los periodistas son perseguidos, atacados, procesados. Los medios corren el riesgo de cerrarse y los trabajos pueden perderse junto con la diversidad del pensamiento y con la libertad de expresión.

En esta misma semana se anunció en Venezuela la apertura de una línea telefónica gratuita para denunciar “traidores” y en Moscú se supo el levantamiento de la señal de la CNN en la capital rusa. Es muy interesante ver cómo Putin ha forzado esta salida: lo hizo prohibiendo la emisión de publicidad en la televisión paga.

¿Son inimaginables estas mismas situaciones en la Argentina? ¿un 0800 para denunciar buitres locales o una decisión que prohíba los anuncios en los programas de cable? Hay decenas de programas de opinión en la TV por cable que se financian con publicidad del sector privado. Incluso muchos que no tienen siquiera una presencia “testimonial” de pauta oficial. Todos esos programas (junto con sus opiniones) desaparecerían de un plumazo con una disposición parecida a la tomada por el Camarada Putín.

La situación del periodismo libre en la Argentina es gravísima. A todos los disparates descriptos hasta aquí se suma el hecho de que un enorme porcentaje de expresión es protagonizado por profesionales independientes que se financian a sí mismos comprando espacios en medios privados y luego vendiendo segundos de publicidad como si fueran una agencia.

Se trata de un sistema perverso. La asfixia y el deterioro inflacionario a la que ha sido sometido este sistema hacen que muchos profesionales estén boqueando hoy en día y su capacidad de mantener abiertas esas ventanas de libertad sea cada vez más pequeña. A las múltiples amenazas que pesan sobre su trabajo se suma este estrangulamiento económico que los arrincona y los confina.

No solo el Gobierno puede ejercer una influencia decisiva en el futuro de la libertad de expresión en la Argentina. Está claro que la capacidad de daño del Estado en ese sentido es fortísima. Pero el sector privado también puede tener una responsabilidad fundamental si no renuncia al financiamiento del periodismo independiente.

Si esa voluntad existiera y el Estado la persiguiera, entonces, se habría perfeccionado definitivamente la consagración de un Estado policial en el país en donde las bocas deberían cerrase y la única salida sería el exilio.

¡Qué enorme paradoja que en el medio de una pretendida democracia, los periodistas deberíamos pensar en el mismo tipo de futuro que tuvieron los muchos que escaparon de la última dictadura! ¿Será entonces que vivimos en un país de apariencias pero en el que las realidades siguen siendo tan oscuras como entonces?

Créditos para: http://independent.typepad.com/elindependent/2014/11/argentina-el-kirchnerismo-recrudece-la-persecución-a-periodistas.html

Cuba está recibiendo elogios por su “diplomacia de doctores” internacional, por la que envía profesionales médicos temporalmente al exterior, aparentemente para ayudar a países pobres a combatir la enfermedad y mejorar el cuidado de la salud. Sin embargo, los doctores no son un regalo de Cuba. La Habana recibe pagos por sus misiones médicas ya sea del país anfitrión, en el caso de Venezuela, o de los países donantes que envían fondos a la Organización Mundial de la Salud. Se supone que el dinero se destina a los salarios de los trabajadores cubanos, pero ni la OMS ni ningún país les paga directamente a ellos. En cambio, los fondos son abonados en la cuenta de la dictadura que, a decir de todos, se queda con la mayor parte de los fondos y le da al trabajador un estipendio para vivir con la promesa de un poco más a su regreso a Cuba.

Es el crimen perfecto: al enviar a sus súbditos al exterior a ayudar a personas pobres, el régimen se gana la imagen de un contribuidor desinteresado a la comunidad global pese a que explota a trabajadores y se enriquece a costa de ellos. Según DW, la cadena internacional de televisión alemana, La Habana obtiene cerca de US$7.600 millones al año por la exportación de trabajadores de la salud.

Este es un gran negocio, que si no fuera realizado por marxistas mafiosos seguramente ofendería a los periodistas. En cambio, se lo tragan. En una entrevista el 24 de octubre con Jim Yong Kim, presidente del Banco Mundial, la presentadora de CNN Christiane Amanpour se animó cuando habló sobre los trabajadores de la salud cubanos en África. “Cuba claramente tiene algo que enseñarle al mundo con su rápida respuesta, ¿no?”, dijo efusivamente Amanpour. Kim concordó, calificándolo como un “gesto maravilloso”.

Lo que cobran los trabajadores cubanos en las trincheras del ébola sigue siendo un secreto de Estado. Sin embargo, la trata de personas no es algo nuevo para La Habana ni se limita a la profesión médica. En octubre de 2008, un juez federal en Miami falló a favor de tres trabajadores cubanos que afirmaron que habían sido enviados, junto con otros 100, por el régimen a Curaçao para trabajar a cambio de la deuda de Cuba con Curaçao Drydock Company. Los demandantes describieron condiciones de trabajo horrendas por el que les pagaban tres centavos por hora.

El diario estadounidense The Christian Science Monitor informó en su momento que la compañía “reconoció que los pasaportes de los trabajadores cubanos fueron incautados y que sus sueldos impagos fueron deducidos de la deuda que La Habana debía a la compañía”. Tomás Bilboa, del Cuba Study Group en Washington, dijo al periódico que “estos tipos de violaciones no son fuera de lo común para el gobierno cubano”. El abogado de los demandantes indicó al diario que después de que se quejaron, sus familiares en Cuba perdieron empleos y acceso a la educación y sufrieron el acoso de pandillas.

Hacer de los profesionales médicos un producto de exportación está generando una escasez de doctores en Cuba, que exacerba la extensa carencia en el cuidado de la salud. Un gobierno humanitario podría volcar su atención a esta miseria nacional, pero no hay dinero allí. En cambio, Cuba vende la mano de obra de sus profesionales de la salud al exterior incluso en medio de persistentes brotes de dengue y cólera en la isla.

Los doctores cubanos no son obligados a punta de pistola a convertirse en esclavos expatriados, pero reciben propuestas que no pueden rechazar. Como contó el doctor cubano Antonio Guedes, quien ahora vive en el exilio en Madrid, a DW, quien no coopere puede perder su empleo o, como mínimo, su posición, o su hijo no tendrá cupo en la universidad. En cuanto al caso de Curaçao, el régimen mantiene a los trabajadores de la salud bajo constante vigilancia y confisca sus pasaportes. Algo de eso no suena voluntario.

Cuando han tenido la oportunidad, muchos de los traficados han huido. Sólo en los últimos dos años, casi 3.100 cubanos han aprovechado un programa de visado especial de Estados Unidos que reconoce la explotación de profesionales médicos cubanos enviados a terceros países. Como castigo, el régimen les prohíbe a sus familias irse de Cuba para verlos. Obtener certificación para practicar medicina en EE.UU. puede ser largo y arduo.

Grupos de doctores en Brasil han presionado al gobierno brasileño para que exija a Cuba elevar el suelo de esclavos que pagaba a algunos de los 11.000 trabajadores médicos cubanos en ese país. Sin embargo, la fiscal federal ¬Luciana Loureiro Oliveira dijo que hay evidencia de que La Habana aún se queda con al menos 75% del dinero asignado por los donantes como salarios. Ella calificó esto como “francamente ilegal” porque viola las leyes laborales brasileñas y dijo que los cubanos deberían ser pagados directamente.

Eso sería el fin de las buenas obras de Cuba en Brasil.

Créditos para: http://independent.typepad.com/elindependent/2014/11/el-comercio-de-esclavos-de-doctores-cubanos.html