Panamá Papers / Investigación: conozca cómo un exdirectivo de Pdvsa ocultó sus reales en un paraíso fiscal

Jesús Villanueva: el auditor de Pdvsa que quería esconder su riqueza. Hasta 2010 fue el auditor general de Pdvsa. Un año antes de jubilarse quiso obtener un poder para manejar una empresa inscrita en Panamá, a través de una operación que involucró a Suiza y Luxemburgo, todo bajo un entramado diseñado por Mossack Fonseca, firma panameña especializada en crear estructuras internacionales para tapar la riqueza de quienes pueden pagar sus servicios

Por César Batiz – @CBatiz

Casi hasta el cansancio sugirieron no tomarlo como cliente. “¿Leyeron bien los links de abajo? Está en la junta directiva de Pedevesa (Pdvsa) junto al hermano del presidente Hugo Chávez, Asdrúbal (…) La posibilidad de un escándalo es demasiado alta (…) Además, no concuerdo en nada con lo que están haciendo con esta empresa del pueblo venezolano”, decía, en mayo de 2009, un alarmado Ramón Fonseca, socio fundador de la firma Mossack Fonseca, compañía creada en Panamá en 1975, para asesorar a inversionistas en la formación de entramados de empresas internacionales con las cuales evadir impuestos en sus países de origen o legitimar capitales.

En realidad, Asdrúbal Chávez es primo del fallecido gobernante venezolano, pero ese es un detalle al margen. Lo importante es que año y dos meses después, en julio de 2010, Jesús Manuel Villanueva Rojas, entonces auditor general de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), cumpliría su objetivo de obtener el poder para el manejo de una firma panameña que sería utilizada en la movilización de fondos depositados en una cuenta de un banco suizo. Esa meta la logró gracias a un testaferro.

En julio de 2010, tras revocarle el poder que le habían otorgado para el manejo de una empresa llamadaBlue Sea Enterprises, Villanueva Rojas, miembro de la gestión de Rafael Ramírez en la estatal petrolera venezolana, no desistió, sino que, a través de su asesor en Luxemburgo, logró que su hija, Anny Josefina Villanueva Silva, fuese autorizada para manejar la firma de ultramar.

Esta historia se desprende de una serie de correos internos de la firma internacional conocidos por elConsorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). El resto del relato que aquí se presenta ha sido elaborado a partir del análisis de estos escritos y de entrevistas a testigos que corroboraron las informaciones encontradas.

 La comida podrida

En julio de 2010, al mismo tiempo que se aprobaba que la hija actuara como testaferro, en Pdvsa se preparaba la jubilación de Villanueva Rojas, quien se distinguía del resto de sus compañeros por su buen vestir y su trato cordial, sobre todo con las compañeras de trabajo. A este hombre que ingresó a la industria petrolera en 1982, lo señalaron de filtrar un informe de auditoría interna entregado el 7 de abril de 2009 al presidente de la estatal petrolera, Rafael Ramírez, que demostraba las irregularidades cometidas en la compra de alimentos para el programa social del presidente Hugo Chávez, denominado Pdval, de acuerdo con lo que escribió la periodista Mery Mogollón en agosto de 2010 en la revista Contexto.

“Ese informe era una carta que tenía bajo el brazo para presionar a quienes creyó le habían dado la espalda al desplazarlo en la directiva de la industria”, comenta una excompañera de trabajo de Villanueva. Otra exempleada de la industria recuerda que antes de su jubilación se le señaló por dudosos manejos en pagos de facturas a proveedores y en la administración de los fondos de fideicomisos de Pdvsa.

Sin embargo, sería el informe del caso Pdval su punto final. Según ese documento hasta mediados del año 2008, Pdvsa utilizó un poco más de 2 mil millones de dólares para comprar un millón de toneladas de alimentos. El informe elaborado por el equipo de Villanueva Rojas reveló que solo 25% de lo adquirido llegó al país, y de ese total solo 15% fue repartido. Además, reportó al menos 180 millones de dólares en sobreprecios por no considerar las mejores ofertas, adquirir productos dañados y sobreprecio en algunos casos de casi 100%. Por otra parte, de las 10 empresas proveedoras contratadas, seis eran intermediarias. Todo esto ocurrió en el marco de una emergencia por desabastecimiento de alimentos.

La revelación de ese documento redactado en 2009 por el equipo de Villanueva, quien no dudaba en presentarse como el ejecutivo que tenía  bajo su dominio todas las cuentas de haberes y deberes de Pdvsa, se conoció a mediados de 2010, cuando el hallazgo de cerca de 100 mil toneladas de alimentos descompuestos que había comprado la petrolera estatal a empresas de China, EEUU, Brasil y Argentina, era un escándalo que llevó a la detención de tres funcionarios de la empresa encargados del comercio de esos bienes.

Modus operandi

Al revisar los correos de Mossack Fonseca sobre el ex auditor de Pdvsa, se evidencian los esfuerzos de la firma para facilitar las operaciones con los testaferros de las Personas Expuestas Políticamente (PEP). Con esas maniobras, que rozan la ilegalidad, se violan los controles internacionales contra el blanqueo de dinero proveniente de actividades como el narcotráfico y la corrupción.

El primer paso en esta historia ocurre en Luxemburgo, el gran ducado rodeado de Bélgica, Alemania y Francia. El 20 de marzo de 2009, un representante de Mossack Fonseca solicita incorporar en el registro de Panamá una lista de 15 empresas. Incluso advierte que, si alguna no está disponible, es decir, si ya el nombre está en uso por otra firma, “basta con agregar una palabra adicional” para crear una nueva denominación.

Entre las 15 empresas se encuentra Blue Sea Enterprises, que queda inscrita en Panamá el 23 de marzo, con un capital de 10 mil dólares. Sus directivos serían entonces empleados de Mossack Fonseca, quienes prestan su nombre para el trámite ante el registro mercantil.

Pero dicha compañía de papel, sin sede física propia, ni empleados y con ninguna mercancía en producción o exhibición, es vendida casi a los dos meses, el 5 de mayo del mismo año. Aunque los documentos filtrados no indican quién es el comprador y con qué propósito la adquiere, ese mismo día se informa a los directivos de Mossack Fonseca de las gestiones de due dilligence efectuadas para determinar si Jesús Manuel Villanueva Rojas era una persona políticamente expuesta.

Ya en la sucursal de Mossack Fonseca en Luxemburgo habían emitido un poder para el manejo de la firma, y esperaban por el resultado de la búsqueda. Es una formalidad, explica el abogado venezolano Alejandro Rebolledo, con la que cumplen la banca y las empresas de asesoría financiera para evitar delitos de legitimación de capitales. El 6 de mayo de 2009, un día después de la venta, una funcionaria de la firma explica en un correo cómo procederían una vez acordada la venta de la empresa: “Con el poder emitido por las oficinas de Luxemburgo se envían las instrucciones para actualizar la hoja de vida de la compañía. Con esos datos los oficiales investigamos al apoderado y actualizamos el sistema si a persona no tiene antecedentes que nos perjudiquen”. No en todos los casos reciben la alerta, pero sí en el de Villanueva Rojas.

La controversia

Los correos filtrados demuestran el debate interno que se generó en Mossack Fonseca debido a la posición de Villanueva Rojas en Pdvsa. Aunque la primera búsqueda descarta que para mayo de 2009 sea aún directivo de la petrolera, en un análisis posterior, de julio del mismo año, lo catalogan de directivo y explican que la empresa Blue Sea Enterprises será usada como un vehículo de inversión. También detallan, de acuerdo con la información recibida desde Luxemburgo, que el origen de los fondos del cliente, proviene de otro banco suizo y sería producto del “ahorro acumulado por el cliente durante su larga actividad profesional”.

Sin embargo, una alta ejecutiva de la firma expuso el 10 de julio: “Mi opinión es que las probabilidades de que en algún momento pueda surgir un escándalo son altas, más porque se consideran intocables y están haciendo las cosas a su manera”, afirma, en referencia a la forma cómo se manejaban los funcionarios en Venezuela.

Entonces no solo fue Ramón Fonseca, sino también Jurgen Mossack, el otro socio fundador de la firma, quien en dos correos de una línea cada uno comentó de forma consecutiva y en apoyo a su socio: “Correcto, no podemos tenerlo como cliente”. Luego de esto, agrega:“Además de estar ellos y el banco –la entidad financiera que participaba en la operación nunca es identificada- ayudando a la causa comunista”.

Luego de esas últimas palabras la sentencia estaba dictada. El 22 de julio informanque:“Los socios han decidido no otorgarle el poder dado al señor Villanueva, dado a que es una persona clave en Pdvsa siendo actualmente el Director/Contralor/Auditor de dicha entidad (…) Vemos un alto riesgo de hacer negocios con esta persona, ya que tiene acceso directo al tesoro público y el origen de sus fondos puede ser cuestionada en un momento dado, por lo que las probabilidades de un escándalo son más altos. Los socios también han sugerido ponerse en contacto con el banco (su cliente) directamente y evitar que por esta situación también sean afectados”.

Desde Luxemburgo, el asesor de Villanueva desestimó los argumentos enviados por la oficina. “Mi cliente para esta empresa es un banco en Suiza. Ellos saben del señor Villanueva y su fondo. Sin embargo, ellos lo aceptaron como cliente, ya que han utilizado varias fuentes confiables (no sólo World Check) para comprobar el origen de los fondos depositados en la cuenta bancaria y que son absolutamente seguro de que el dinero tiene su origen en el negocio limpio”.

Las comunicaciones cesaron hasta febrero de 2010. Antes el representante de Villanueva pidió sin éxito que reconsideraran la decisión. El primer día del segundo mes del año, el asesor manda desde Luxemburgo un correo a Mossack Fonseca. Esta vez pide retomar el caso de la empresa Blue Sea Enterprises y sugiere a la hija de Villanueva, Anny Josefina Villanueva Silva, como la titular del poder.

En nombre del padre

Anny Josefina Villanueva Silva, de acuerdo con la base de datos del Seguro Social de Venezuela, trabajó en Baker Química de Venezuela hasta 2008. Su vida transcurre entre Cumaná –oriente del país- yCaracas –la capital de Venezuela-. Al ser contactada vía telefónica para este reportaje, reconoció ser hija del ex directivo de Pdvsa, pero no quiso informar del paradero de su padre o algún número telefónico para ubicarlo. “Él no está aquí”, dijo antes de reír y callar cuando se le preguntó si el ex auditor de Pdvsa está en Houston junto a su segunda esposa.

Villanueva Rojas es contador público egresado de la Universidad Central de Venezuela, con un postgrado en Economía de Hidrocarburos en la misma casa de estudio, con certificaciones internacionales como auditor interno y examinador de fraude, según el perfil escrito por la periodista Mery Mogollón en agosto de 2010.

Cuenta Mogollón que el ex directivo ingresó a la industria petrolera en 1982, como empleado de Meneven, una desaparecida filial de Pdvsa. Hasta 1999, “Villita”, como lo llamaban sus compañeros de trabajo más cercanos, era un gerente medio con poca proyección de crecimiento, situación que cambió con la llegada del chavismo.

En 2002, integra junto a Rafael Ramírez, hoy embajador de Venezuela ante la ONU, la directiva encabezada por el fallecido economista Gastón Parra Luzardo. A ese grupo de ejecutivos le tocó afrontar el paro petrolero de diciembre de 2002 a febrero de 2003, que buscaba presionar al presidente Hugo Chávez para que cambiara su relación con la industria petrolera y respetara la meritocracia. En ese contexto, Villanueva Rojas se dedicó a documentar las pérdidas que luego sirvieron para abrir procesos penales en contra de los ejecutivos de la estatal que fueron despedidos por sumarse a la protesta, que dejó pérdidas por encima de los 20 mil millones de dólares.

Pese a los cambios que ocurrieron en la industria, dice Mogollón, que el funcionario se mantuvo muy cerca de Alí Rodríguez, presidente de Pdvsa (2002- 2004), y luego de Rafael Ramírez (2004-2014), aunque no dejó de criticar por ejemplo la dispersión de recursos en los programas sociales del chavismo, conocidas como misiones, las cuales, a juicio de Villanueva Rojas, pudieran ser considerado un caso de malversación de fondos.

Como auditor general de Pdvsa y presidente de la Comisión de Auditoría le correspondió firmar el último balance presentado por la estatal venezolana ante la Comisión de Valores de EEUU en el año 2006. Las autoridades de EEUU criticaron su multiplicidad de cargos. “No se considera independiente de acuerdo con los términos definidos en las reglas de Gobierno Corporativo del New York Stock Exchange”, eso debido, a que, en una explicación más criolla, como auditor y directivo, se pagaba y daba el vuelto.

Su actual esposa, Maritza Rojas de Villanueva, ocupó también altos cargos en la administración de la industria petrolera, sobre todo después de 2003, cuando fue trasladado a Citgo, filial petrolera venezolana con sede en Houston, EEUU. En 2011 se convirtió en Tesorera en Jefe de la compañía, según revela la carta de ascenso de esa época, por lo que su esposo viajaba con frecuencia a esa ciudad.

Villanueva Rojas salió de Pdvsa en 2010 y pasó a trabajar en la oficina de Caracas de Gazprom, donde laboró hasta 2011. Desde ese momento se desconoce cuál es su lugar de residencia y no se tiene más información de la empresa Blue Sea Enterprises.

Su hija dice no recordar el nombre de la compañía, pero asegura que no se encontrará ningún documento que compruebe que ella maneja una cuenta bancaria de Blue Sea Enterprises. “Si ustedes no tienen un documento que diga que hay una cuenta a mi nombre de esa empresa no pueden decir que yo soy testaferro”, expresó al ser entrevistada telefónicamente, para luego agregar: “Si yo tengo esa empresa a nombre de mi papá cuál sería el problema”.

De acuerdo con el abogado peruano Oscar Solano, especialista en recuperación de activos dentro de la división legal y consultoría del Instituto de Basilea Internacional para la Recuperación de Activos (Icar), “la definición internacional más modesta sobre Personas Políticamente Expuestas (PEP, en inglés), pretende no solo alcanzar a quien tiene el poder político como es el funcionario público, si no todas aquellas personas que están relacionadas, como su familia directa, los amigos, los socios y sus empresas”. En casos como estos, afirma el experto, procede una sanción a la empresa que realiza la gestión de parte del organismo contralor de su país, aunque pudiera participar también el Fincen, la agencia del Departamento del Tesoro de EEUU que destapó el lavado de dinero a través del Banco Privado de Andorra que involucró a cuatro exfuncionarios del gobierno venezolano.

Con la colaboración desde Cumaná de Nayrobis Rodríguez

ISIS: ¿Estado Islámico atacará en América Latina?

Domingo, 03 de abril del 2016

Hasta ahora la guerra contra Estado Islámico (EI, ISIS o Daesh) se ha concentrado en los países de Siria e Irak, países en donde proclamó su autodenominado ‘califato’. Si bien parece lejana para América Latina, para algunos comienza a ser una posibilidad un ataque de yihadistas en alguna capital latinoamericana, sobre todo tras los recientes atentados en Bruselas, París y Túnez.

“No te metas con mi país”, mensaje a Daesh en Bruselas tras atentados. (Foto: Getty Images)

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, comentó en diálogo con el analista Andres Oppenheimer  que hay buenas razones para que los países latinoamericanos se preparen para la posibilidad de un ataque terrorista de grupos extremistas de Medio Oriente.

En su columna en El Miami Herald , Oppenheimer recuerda que ya en la década del 90 Argentina fue el blanco de dos grandes ataques terroristas del Medio Oriente. Sin embargo, el motivo de preocupación de Almagro está más relacionado con la cantidad de jóvenes extranjeros que fueron reclutados por ISIS , algunos de América Latina.

“Sabemos que nacionales de países de las Américas y el Caribe están retornando, algunos después de haber participado en la guerra en Siria”, alertó *Almagro. “No podemos especular cuántos, pero suficientes como para llevar a cabo acciones terroristas”, indicó el secretario general de la OEA.

Se sabe que al menos 27.000 extranjeros de 86 países viajaron hacia Irak y Siria para unirse a ISIS desde 2011. De esa cifra, al menos 76 son de América del Sur. A ello se agrega que este marzo un hombre identificado como seguidor de Estado Islámicoasesinó a un comerciante judío en Uruguay.Para los expertos en combate el terrorismo, el hecho de que ISIS esté siento derrotado militarmente en Siria e Irak – tras los combates en el terreno de ejércitos de Damasco y Bagdad, coaliciones árabes-kurdas y fuerzas chiíes, apoyados por bombardeos de EEUU y *Rusia – es probable que los yihadistas expandan sus actividades terroristas en el extranjero para no dar señales de debilidad.

Es probable también que los ataques de ISIS sean en capitales europeas y en ciudades de EEUU. Sin embargo, también podrían realizar ataques contra embajadas estadounidenses, europeas o israelíes en América Latina, de acuerdo al artículo. De esa forma se buscaría mostrar al mundo un supuesto alcance global del grupo yihadista.

Además, algunos grupos terroristas de Medio Oriente, como Hezbolláh tienen presencia en países como Venezuela.

Por su parte, John Kellu, quien fuera general del Comando Sur de Estados Unidos, señaló en 2015 que funcionarios de las naciones aliadas de la región latinoamericana habían expresado su preocupación por el “creciente número de extremistas islámicos sospechosos que están viajando a Siria para participar en la Yihad”. Estos sujetos al regresar, lo hacen con experiencia operativa y vínculos con extremistas globales.

La carrera delictiva de los venezolanos capturados con droga en La Romana

 

*Piloto que llevó la droga a Dominicana estaba en el radar de las policías internacionales. Carlos Luis Justiniano Núñez estuvo en el origen de un escándalo que desembocó en un golpe de estado en Guinea Bissau. Su futuro se decide en un juzgado de La Romana

*El copiloto para esta oportunidad fue Jorge Luis Henríquez Villalba fue investigado por un incidente con una aeronave con presunta droga en Falcón, en 2008

*Gregory José Frías Urbina y Gerardo Antonio Díaz Barroso están vinculados a organizaciones delictivas del estado Zulia

*Los 5 hombres fueron incluidos en la lista de alerta roja de Interpol el jueves

 

Javier Ignacio Mayorca

@javiermayorca

El grupo detenido el jueves 24 de marzo en La Romana tras el hallazgo de 359 kilos de cocaína en una avioneta procedente de Venezuela es una mezcla de individuos con larga trayectoria en el mundo de las drogas y otros que apenas comenzaban a dar sus primeros pasos en esa actividad.

De los apresados por agentes de la Dirección Nacional contra Drogas de República Dominicana destaca el capitán de la aeronave siglas YV2708, Carlos Luis Justiniano Núñez. Con 55 años de edad, este hombre estaba en el radar de las policías antidrogas de Gran Bretaña y Estados Unidos desde 2008. En julio de ese año, el venezolano fue el copiloto de un jet Gulfstream II que voló desde el aeropuerto José Antonio Anzoátegui de Barcelona hasta el terminal aéreo de Bissau, en África Occidental, con una carga que, según estimados de la agencia británica contra el crimen organizado (SOCA, por sus siglas en inglés), fue de 2 toneladas y media de cocaína.

En aquella oportunidad, sin embargo, la droga nunca apareció. No hubo rueda de prensa para mostrar decomiso alguno. Por el contrario, de acuerdo con documentos policiales, el alijo supuestamente fue descargado por militares guineanos cuando el jet estaba en el interior de un hangar. El aparato con siglas estadounidenses N-351SE tenía en la cola la insignia de la Cruz Roja Internacional. La cocaína, además, iba supuestamente camuflada en cajas de medicinas entregadas como “ayuda humanitaria”. En respaldo, los tripulantes entregaron documentos supuestamente emitidos por el gobierno venezolano.

Un rastreo con perros antidrogas a un vehículo utilizado para el traslado de las cajas confirmó la presencia de sustancias ilegales. Pero el ejército del país africano impidió a la policía  escudriñar en la cabina del avión.

El capitán de esa aeronave era Antonio Carmelo Vásquez Guerra, el mismo que dos años antes condujo un DC9 repleto con 5,5 toneladas de cocaína a Ciudad del Carmen, México. Al igual que su mayor empleador para entonces, Walid Makled, este aviador solía mostrar un carnet que lo acreditaba como comisario de Inteligencia de la Guardia Nacional.

Esta era parte de la “constelación” de Justiniano. Una fuente que ha investigado el caso indicó que este grupo ha continuado sus actividades hasta la actualidad.“El clan sigue trabajando como si nada. No está tocado”, afirmó.

En marzo de 2009, el jefe de las fuerzas militares guineanas, general Batista Tagme Na Wai murió producto de un atentado con bombas. De inmediato, fuerzas leales a él irrumpieron en el palacio de gobierno y mataron al presidente Joao Bernardo Vieira. El control del paso de drogas sería uno de los orígenes de la inestabilidad.

Un informe del Centro Africano de Estudios Estratégicos emitido en junio de 2013 indicaba que la organización para la que trabajaban Justiniano y Vásquez había extendido sus tentáculos a varios países del continente, como Sierra Leona, Ghana, Togo, Benín y Mali. En Gambia, por ejemplo, fueron detenidos y condenados a 50 años de prisión los venezolanos Juan Carlos Sánchez, Juan Carlos Díaz, Esteban Zabala y Eric Bottini. Este último formaba parte de la misma estructura que operaba en Bissau. De hecho, la policía lo identificó como el encargado de pagar el alquiler de un galpón donde fue ocultada la droga llevada por Justiniano y Vásquez. Escapó a la persecución gracias a una advertencia de sus cómplices en el aparato militar de ese mismo país.

 

Compañeros de vuelo

Según el registro aéreo, el bimotor que llevó los 359 kilos de droga a Dominicana estaba basado en el aeropuerto Caracas de Charallave desde 2010, cuando fue importado desde Estados Unidos. Pero en realidad pasaba la mayor parte del tiempo entre Maturín y Margarita, donde reside el piloto.

El copiloto para esta oportunidad fue Jorge Luis Henríquez Villalba, de 44 años de edad. Su nombre surgió por primera vez en julio de 2008 a propósito de una averiguación de la Fiscalía Nacional con Competencia Aeronáutica relacionada con el siniestro de una Beechcraft 58 en la finca Guaremal de Boca de Aroa, Falcón.

Los dos pasajeros del vuelo a la isla caribeña fueron Gregory José Frías Urbina y Gerardo Antonio Díaz Barroso, respectivamente de 23 años y 38 años de edad. El primero ha sido señalado como un supuesto integrante de la banda Los Pulgas, liderada por Daniel Leal, conocida por participar en un sangriento conflicto con la banda de los Meleán. Su papá, Gregory Frías Quintero, fue ultimado a tiros en mayo de 2009 en el barrio Alberto Carnevalli de Maracaibo.

Su acompañante fue detenido e imputado en 2005 por porte ilícito de arma de fuego y aprovechamiento de cosas provenientes del delito. Lo detuvieron cuando intentaba robar un vehículo junto a otro cómplice. Durante el juicio los fiscales desecharon la imputación por el segundo delito. Díaz Barroso admitió el primero y quedó en libertad por una medida cautelar.

La fiscal de La Romana Reina Yaniris Rodríguez calificó de “importante y trascendente” la detención de los tripulantes y los pasajeros de este vuelo, así como también la del venezolano Jean Carlos Díaz, de 35 años de edad, encargado de trasladar en un vehículo a tres de los implicados. Añadió que hubo “cooperaciones internacionales” durante las pesquisas.

Pero el defensor de este grupo, Valentín Medrano, descartó que la Agencia para el Control de Drogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés) haya participado en las averiguaciones.

“La DEA no se involucró directamente en este caso. Cuando eso sucede, para amedrentar a los jueces lo anuncian con bombos y platillos”, afirmó en entrevista telefónica.

No obstante, fuentes consultadas para este trabajo indicaron que la policía estadounidense contaría con informantes dentro de la organización que llevó la droga a Dominicana. Eso explicaría por qué se esperó hasta último momento para solicitar el permiso para el registro de la Cessna 404.

Según la fiscal, la jueza interina Aristida Mercedes Rodríguez emitió por teléfono una autorización verbal a las 2:43 pm del jueves santo. El compromiso tácito era que el documento correspondiente sería emitido con posterioridad. Pero esto no sucedió.

La ausencia del permiso escrito fue invocada por la misma jueza para otorgar la libertad “pura y simple” a los implicados en este caso. Pero la fiscalía y el Gobierno se han negado a acatar esta decisión. Según el abogado Medrano, actualmente los venezolanos permanecen “secuestrados”. De allí la solicitud de un hábeas corpus en favor de los imputados, quienes permanecen recluidos en un retén anexo al tribunal de La Romana.

 

Ni tan flagrante

El hallazgo de los 359 kilos de cocaína se produjo cuando todos los tripulantes y pasajeros habían abandonado la cabina del bimotor. El aparato ya estaba estacionado frente a la terminal de La Romana.

Según Medrano, los pasajeros ya habían salido del aeropuerto eran llevados en el auto conducido por Díaz hacia San Pedro de Macoriz. Entonces, recibieron una llamada que los obligó a devolverse, y fueron detenidos.

El defensor sugirió incluso que la droga pudo ser “sembrada” para implicar a los venezolanos.

“Me contactaron los familiares de uno de los detenidos. Cuando fui a donde ellos estaban les dije que debido a la situación tenían que prepararse para quedar presos. Luego ví las violaciones al derecho y dije que eso no podía quedar así”, declaró.

Según el registro aéreo de la FAA estadounidense, la avioneta perteneció hasta 2010 a una empresa inscrita en la ciudad de Doral, Florida, llamada Airway Services LLC. En mayo de ese año fue desincorporada de la base de datos de ese país debido a su exportación a Venezuela. Desde entonces, ha estado a nombre de la compañía venezolana Max Mart Servicio 2009, que hace vuelos chárter o por encargo.

 

Búsqueda internacional

El jueves Interpol incorporó en su listado de notificaciones rojas (búsqueda y captura internacional) a los cinco venezolanos detenidos en Dominicana. Las fichas correspondientes indican que a todos ellos les imputan los delitos de tráfico de drogas y asociación para delinquir.

El abogado Dionisio Báez declinó emitir comentarios sobre esta decisión. Indicó que existen rumores sobre la participación de la Agencia para el Control de Drogas de EEUU (DEA) en la investigación. Pero aclaró que todos los procedimientos han sido practicados por policías dominicanos.

Báez forma parte de un grupo de tres abogados privados que defienden a los venezolanos. Dijo que las incidencias en los tribunales podrían extender hasta la semana entrante una decisión sobre el hábeas corpus.

Indicó que la avioneta siglas YV2708 permanece estacionada en el aeropuerto de La Romana. Aclaró que hasta el momento ningún funcionario diplomático se ha acercado al centro de detención para “ofrecer una mano amiga” a los venezolanos.

Alta presión

*El Procurador General de República Dominicana Francisco Domínguez Brito dijo que la decisión de la jueza de La Romana envía “un pésimo mensaje en la lucha contra el narco”. Domínguez tenía ocho días sin usar su cuenta Twitter. Añadió que “mientras algunos actores del sistema de justicia sean complacientes y extremadamente laxos, el narco seguirá usando al país como puente”.

*El expresidente dominicano Hipólito Mejía señaló a propósito de la libertad conferida a los cinco venezolanos que la justicia de su país está “peor que una pocilga”.

*Según el diario estadounidense El Nuevo Herald, el gobierno venezolano envió a un equipo de la Cancillería para asistir a los cinco detenidos por este caso.

Créditos para: http://runrun.es/rr-es-plus/investigacion/255517/la-carrera-delictiva-de-los-venezolanos-capturados-con-droga-en-la-romana.html

Para ver la economía sumergida de Venezuela hay que bucear en Panamá

 

• Como parte de un proyecto mundial, periodistas venezolanos participaron en la revisión de millones de archivos que se filtraron de un bufete panameño especializado en incorporar empresas en paraísos fiscales
• En el caso venezolano, se encontraron ex funcionarios públicos y empresarios que dan pistas sobre el destino de inmensos flujos petroleros manejados por el Estado en los últimos 15 años, en el marco de una política de importaciones masivas y mantenimiento de tasas diferenciales
• Runrun.es es uno de 100 medios de los 78 países  que forman parte de la gigantesca  filtración de documentos financieros offshore, coordinado por el Consorcio Internacional de Periodistas (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung 

Los números son elocuentes en este caso: la palabra “Venezuela” aparece en un poco más de 241.000 documentos contenidos en la base de datos en la que el Consorcio Internacional de Periodistas (ICIJ, por sus siglas en inglés) convirtió la más grande filtración sobre empresas en paraísos fiscales jamás registrada.

El diario Süddeutsche Zeitung de Múnich, Alemania, obtuvo de una fuente un paquete voluminoso de documentos, más de 11,5 millones, filtrados en formato electrónico de un bufete panameño, Mossack Fonseca (MF), que desde el istmo y a través de su 38 sucursales en todo el mundo lidera la industria de incorporación de empresas en paraísos fiscales como, además del mismo Panamá, las Islas Vírgenes Británicas, las islas Seychelles en el Océano Índico o los estados norteamericanos de Nevada y Delaware, entre otros.

Los datos incluyen correos electrónicos, formularios financieros, pasaportes y registros corporativos que revelan a los propietarios secretos de cuentas bancarias y compañías en 21 jurisdicciones offshore. Los archivos internos filtrados de MF contienen información sobre 214.488 entidades offshore conectadas a personas en más de 200 países y territorios.

La magnitud inimaginable de datos llevó al periódico a acudir al ICIJ, con sede en Washington DC y con experiencia previa en este tipo de proyectos, que construyó un equipo ad hoc para organizar la data y procesarla. La base de datos fue compartida con una red de más de 370 periodistas y 100 medios en todo el mundo.

En el caso de Venezuela, la pesquisa empezó en junio de 2015 e involucró a 11 periodistas de diversos medios electrónicos. Si bien una gran parte de los cientos de miles de documentos relativos a Venezuela no incluyen información relevante, la mera revisión, análisis y procesamiento de los datos significó meses de trabajo.

Queda claro que constituir una empresa offshore no representa un delito en sí mismo y hasta resulta algo natural para determinadas transacciones comerciales.

La mayor parte de los servicios que la industria offshore provee son legales si los utilizan quienes obedecen a la ley. Pero los documentos demuestran que bancos, firmas legales y otros actores offshore a menudo no siguieron los requerimientos de ley para asegurarse de que sus clientes no están envueltos en actividades criminales, evasión de impuestos o corrupción política. En algunas instancias, según muestran los archivos, intermediarios offshore se protegieron a sí mismos y a sus clientes ocultando transacciones sospechosas o alterando registros oficiales.

A veces el proveedor pudo comprobar a través de sus gestiones de due dilligenceque un prospecto era una Persona Políticamente Expuesta (PEP, por sus siglas en inglés) o alguien sospechoso de actividades criminales, pero hizo caso omiso al hallazgo.

Este inusual acceso periodístico a la gestión interna de Mossack Fonseca y su relación con sus clientes permitió comprobar que proveedor y cliente con frecuencia se confabulan para despistar a autoridades regulatorias de sus países de origen sobre la propiedad de empresas, arreglan a posteriori el registro de empresas previamente registradas, entre otras prácticas concebidas para camuflar la circulación del dinero que se oculta o se legitima.

Nombres resonantes

La data obtenida de MF, para el caso venezolano, ofrece ejemplos notables sobre lo que ocurrió durante los últimos 15 años con el destino de los inmensos flujos de ingresos petroleros que el Estado manejó en el marco de una política de importaciones masivas y el mantenimiento de tasas diferenciales.

Se encontraron rastros de ex funcionarios públicos cuyos ingresos regulares, limitados por definición, no hicieron ninguna objeción para ordenar a MF la apertura y gestión de empresas de maletín en paraísos fiscales.

También se evidencian las estructuras corporativas a la medida que la compañía panameña armó para algunos clientes venezolanos que querían o bien disipar su presencia en empresas incorporadas con directores de la propia MF, o generar deuda externa a través de transacciones con cascarones vacíos –con frecuencia, empresas propias– que luego se podían presentar al organismo administrador en la Venezuela del régimen de control cambiario.

Son parte de las maniobras financieras, jurídicas y fiscales que se cocinaron en MF, a veces por sugerencia del proveedor, a veces a solicitud del cliente o, si no, por petición de algún intermediario como bancos u oficinas de abogados.

La fuga de información arroja luz sobre un rincón de las finanzas sumergidas a la que normalmente las investigaciones periodísticas no pueden llegar.

En los textos que forman parte del especial afloran nombres como los del ex Jefe de Escoltas de Hugo Chávez, Adrián Velásquez, y el ex Jefe del Programa Bolívar 2000 de asistencia social, Víctor Cruz Weffer, con empresas bajo su control en paraísos fiscales. Diversas autoridades de la estatal petrolera Pdvsa también hicieron otro tanto.

Empresarios –algunos vinculados al Gobierno revolucionario de Venezuela, aunque luego aparecieran bajo la figura del asilo en otras naciones– también usaron a Mossack Fonseca para construir tramos submarinos de sus operaciones financieras. Sus nombres saldrán a relucir a partir de hoy.

También hay casos de comerciantes que abrieron fachadas corporativas en paraísos fiscales como Hong Kong, Panamá, Islas Vírgenes o Belize para sacar provecho de las oportunidades que abrió la avidez importadora del Gobierno.

Hallazgos globales

Jefes de Estado, celebridades sociales y deportivas, cabecillas de mafias organizadas, estafadores: a escala global, la fuga masiva de documentos ha permitido revelar la cara nunca conocida por el público de diversas figuras. De hecho, permitió descubrir a personajes hasta ahora desconocidos, pero que el público debería conocer.

Los archivos exponen compañías offshore controladas por los primeros ministros de Islandia y Pakistán, el rey de Arabia Saudí y los hijos del presidente de Azerbaiyán. También incluyen a al menos 33 personas y compañías puestas en la lista negra del gobierno de los Estados Unidos en base a evidencia de que han hecho negocios con capos mexicanos de la droga, organizaciones terroristas como Hizbulá y naciones renegadas como Corea del Norte.

Una de estas compañías proveyó combustible para las aeronaves que el gobierno de Siria utilizó para bombardear y matar a miles de sus propios ciudadanos, acusaron las autoridades de EE.UU.

Quedó en evidencia cómo asociados del presidente ruso Vladimir Putin movieron en secreto hasta 2.000 millones de dólares a través de bancos y compañías secretas.

La lista de líderes mundiales que utilizaron a Mossack Fonseca para establecer entidades offshore incluye al actual presidente de Argentina, Mauricio Macri, quien era director y vicepresidente de una compañía de las Bahamas manejada por Mossack Fonseca cuando era un empresario y alcalde de la capital argentina. Un vocero de Macri dijo que el presidente nunca fue personalmente propietario de acciones en la firma, que era parte de los negocios de su familia.

Los archivos también subrayan las contradicciones de algunos campeones de la lucha contra la corrupción.

Se detectaron compañías offshore vinculadas a la familia del líder chino Xi Jinping, quien ha jurado pelear contra “ejércitos de corrupción”, así como de otros ocho miembros del politburó del gobernante Partido Comunista de China.

También del presidente ucraniano Petro Poroshenko, quien se ha posicionado como un reformador en un país sacudido por escándalos de corrupción. Los archivos contienen nuevos detalles de los negocios offshore del difunto padre del primer ministro británico David Cameron, un líder que busca una reforma de los paraísos fiscales.

Las huellas de Mossack Fonseca están en el tráfico de diamantes de África, el mercado internacional de arte y otros negocios que se benefician del secretismo. La firma ha servido a suficientes miembros de la realeza del Medio Oriente para llenar un palacio. Ha ayudado a dos reyes, Mohammed VI de Marruecos y el Salman de Arabia Saudí, a salir al mar en lujosos yates.

Los documentos filtrados revelan que la firma legal de Juan Pedro Damiani, un miembro del comité de ética de FIFA, tenía relaciones de negocios con tres hombres que han sido inculpados en el escándalo FIFA: el ex vicepresidente de FIFA Eugenio Figueredo y Hugo y Mariano Jinkis, el dúo de padre e hijo acusado de pagar sobornos para ganar los derechos de transmisión de eventos de fútbol para Latinoamérica. Los registros muestran que la firma legal de Damiani en Uruguay representó a una compañía offshore vinculada a los Jinkis y a siete compañías vinculadas a Figueredo.

El mejor jugador de fútbol del mundo, el argentino Lionel Messi, también aparece en los documentos. Una compañía en Panamá establecida para él por Mossack Fonseca en 2012, Mega Star Enterprises Inc., añade un nuevo nombre a la lista de compañías de coraza (shell companies) que se sabe están vinculadas a Messi. Sus negociosoffshore son actualmente el blanco de un caso de evasión de impuestos en España.

Bajo escrutinio

Hasta hace poco, Mossack Fonseca operaba principalmente en las sombras. Pero se ha visto bajo creciente escrutinio a medida que los gobiernos han obtenido filtraciones parciales de los archivos de la firma, y autoridades de Alemania y Brasil comenzaron a indagar en sus prácticas.

En febrero de 2015, Süddeutsche Zeitung reportó que agencias de la ley en Alemania habían lanzado una serie de redadas apuntando a uno de los principales bancos del país, Commerzbank, en una investigación de evasión de impuestos que las autoridades dijeron podría conducir a cargos criminales contra empleados de Mossack Fonseca.

En Brasil, la firma se ha vuelto un blanco en una investigación de sobornos y lavado de dinero denominada “Operación Lavado de Autos” (Lava Jato, en portugués), que ha conducido a cargos criminales contra destacados políticos y una investigación al popular ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva. El escándalo amenaza con sacar del cargo a la actual presidenta Dilma Rousseff

En enero, fiscales brasileños llamaron a Mossack Fonseca un “gran lavador de dinero” y anunciaron que presentarían acusaciones criminales contra cinco empleados de la oficina brasileña de la firma por sus roles en el escándalo.

Mossack Fonseca niega haber incumplido la ley en Brasil. Uno de sus dueños, el panameño Ramón Fonseca Mora, ha insistido en los últimas semanas sobre su inocencia. Pero al mismo tiempo ha tenido que renunciar a su cargo de ministro consejero del gobierno de Panamá así como a la dirección del partido Panameñista, que llevó a Juan Carlos Varela a la Presidencia. “Somos totalmente inocentes de lo que se nos acusa”, declaró a los medios el mes pasado. “Pido esta licencia para defender mi honra, a mi firma y a mi país”.

Los paraísos fiscales usados

1. Islas Vírgenes Británicas

2. Panamá

3. Islas Seychelles

4. Archipiélago de Samoa

5. Bahamas

6. Anguila (Gran Bretaña)

7. Nevada (Estados Unidos)

8. Hong Kong (China Continental)

9. Reino Unido

10. Belice

11. Costa Rica

12. Wyoming (Estados Unidos)

13. Malta

14. Nueva Zelanda

15. Chipre

16. Niue (Roca de Polinesia)

17. Uruguay

18. Ras Al Khaimah (Emiratos Arabes Unidos)

19. Singapur

20. Isla de Man (Gran Bretaña)

21. Isla de Jersey (Gran Bretaña)

(*) El equipo venezolano está conformado por Ahiana Figueroa, Alfredo Meza, César Batiz, Ewald Sharfenberg, Fabiola Zerpa, Joseph Poliszuk, Katherine Pennacchio, Laura Weffer, Lisseth Boon,Roberto Deniz y Ronna Rísquez. 

Cruz Weffer: el general chavista que desembarcó en un paraíso fiscal

• El general retirado Víctor Cruz Weffer, jefe del Plan Bolívar 2000 y Fondur,  abrió una sociedad en Seychelles en 2007 cuando fue imputado por enriquecimiento ilícito y ocultamiento de datos

• No pudo justificar el aumento en 1.071 millones bolívares de su patrimonio (aproximadamente un millón de dólares en la época), equivalentes a 86% de los fondos que manejó entre 2000 y 2003

• Se convirtió en primer caso emblemático de corrupción de la revolución bolivariana

• El reportaje forma parte de la investigación global sobre paraísos fiscales #PanamáPapers coordinado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung

@boonbar

Los vecinos de las residencias Juan Manuel Cajigal, ubicadas en el sector San Andrés de la populosa parroquia El Valle de Caracas, se quejan de los problemas que aturden sus viviendas desde que fueron construidas en la alborada de la revolución bolivariana: filtraciones, falta de agua, hacinamiento y obras inconclusas. Los apartamentos, levantados a una cuadra de la estación El Valle del Metro por el Instituto Nacional de Vivienda, Inavi, formaban parte del primer proyecto de envergadura del Plan Bolívar 2000, una alianza cívico militar lanzada por Hugo Chávez el primer año de su gobierno con la promesa de atender directamente a los más necesitados, mediante variados servicios: mercados populares, reparación de calles, atención médica y construcción de viviendas populares.

El 6 de junio de 1999, en el programa Aló Presidente número 2, que por aquel entonces se transmitía por Radio Nacional de Venezuela, un voluntarioso Chávez anunció la construcción de unas primeras 128 viviendas populares en el sector de San Andrés valiéndose de la fusión de instituciones del Estado, “para evitar la anarquía y la corrupción”. También, el recién estrenado presidente subrayó que para la edificación de 1.424 apartamentos en el Valle de Caracas y otros 1.800 para los Valles del Tuy, en Miranda, serían invertidos 20 mil millones de bolívares (33 millones de dólares para la época),  y que para comenzar sólo el primer año, se habían aprobado 7 mil millones de bolívares (11,5 millones de dólares). “Eso forma parte del Plan Bolívar 2000 en el que yo me juego la vida”, aseguró el exmandatario, cuando la llamada V República era toda efervescencia.

En aquel programa radial de 1999, Chávez también presentó al general Víctor Antonio Cruz Weffer como el rutilante jefe del Plan Bolívar 2000, quien se encargaría de manejar un presupuesto de 73.175 millones de bolívares (unos $114,3 millones de la época) entre 1999 y 2000 para ejecutar un proyecto que fungiría como primer globo de ensayo de las misiones sociales del gobierno bolivariano.

Residencias Juan Manuel Cajigal, El Valle Caracas.

Unos 11,5 millones de dólares fueron aprobados en 1999 para comenzar obras que formaban parte del Plan Bolívar 2000

Pero el militar de alta confianza de Chávez  no asistió a la inauguración de  estas obras desde los tres cargos que ostentaba. En diciembre de 2001, el también jefe de la Comandancia del Ejército, presidente de la Fundación Propatria 2000 y del hoy extinto Fondo Nacional de Desarrollo Urbano (Fondur), salió de la administración pública chavista por la puerta de atrás en medio de denuncias de corrupción de las cuales sería el principal protagonista.

Apenas llevaba un mes fuera del gobierno cuando Cruz Weffer comenzó a ser investigado por el Ministerio Público (MP) el 14 de enero de 2002, a partir de una denuncia del Seniat y por una serie de reportajes  publicados en varios medios nacionales que hacían referencia a irregularidades cometidas en el Proyecto Plan Bolívar 2000 y Fondur. Cinco años más tarde, el 18 de abril de 2007, el ex comandante del Ejército fue imputado por los delitos de enriquecimiento ilícito y ocultamiento de datos en su declaración jurada de patrimonio.

El Ministerio Público fundamentó su incriminación contra Cruz Weffer con el informe final de auditoría patrimonial que presentó la Contraloría General de la República (CGR) el 31 de enero de ese año, que certificaba que el otrora jefe del Plan Bolívar 2000 y ex presidente de Fondur dispuso de 1,2 millardos de bolívares entre el primero de enero de 2000 y el 30 de junio de 2003. La Contraloría concluyó que Cruz Weffer no pudo justificar cómo el ascenso de su patrimonio a 1.071  millones de bolívares (aproximadamente un millón de dólares para la época) correspondía a sus ingresos como funcionario. El monto equivalía a 86% de los fondos públicos que administró como jefe del Plan Bolívar 2000 y presidente de Fondur.

 

 

“Fue por mala intención”

Cruz Weffer se defiende de la acusación judicial. El 30 de marzo de 2016, aclaró a vía correo electrónico a Runrunes y el ICIJ que la misma Contraloría General de la República reconoció, mediante la derogatoria al Departamento de Estado norteamericano, la existencia de) un crédito del Sun Trust Bank por $330.000, debidamente declarados y recibidos en transferencia en el Banco del Caribe, equivalentes a Bs. 480.000 cuando no existía control de cambio en el país. “Lo adquirido con ese dinero -terrenos, equipos, material para cultivos organopónicos, tractores, plantas eléctricas- se sumaron al incremento patrimonial en vez de ser restados por la más perversa y manifiesta mala intención. La Contraloría manifestó que no debían ser considerados en la declaración jurada de patrimonio por tratarse de una empresa de mi propiedad, Criadero Villa de Lobos, sin embargo sí fueron considerados como incremento patrimonial personal”, aseguró 9 años después del informe de la CGR.

También, sobre lo que califica como “supuesto delito de ocultamiento de datos”, Cruz Weffer indica que el terreno de Nueva Tucacas, estado Falcón, que ciertamente no fue declarado, tenía un valor entonces de Bs. 12.000, que la propia Contraloría describe como “tipo rancho, con calles sin aceras ni cloacas ni asfaltadas”, que además medía 240 metros cuadrados y asegura que nunca fue hasta el lugar a conocerlas, razón por la cual no la incluyó en la declaración. “¿Cuál es la mala intención de ocultar un bien con esas características?” se pregunta el general retirado.

Chavista en un paraíso fiscal

El 7 de mayo de 2007, tres semanas  después de haber sido imputado por el Ministerio Público por delitos contemplados en la Ley contra la Corrupción de Venezuela, Cruz Weffer desvió su trayectoria empresarial a otro continente, a unos 13 mil kilómetros de distancia de las viviendas populares cuyas cintas rojas no llegó a cortar en el agobiado El Valle de Caracas. En Seychelles, un archipiélago de arenas blancas y aguas color esmeralda del océano Índico, fue registrada a su nombre la empresa Univers Investment Ltd, con un capital de 50 mil dólares.

La inscripción de la sociedad de Cruz Weffer en este paraíso fiscal, reconocido refugio internacional del turismo de lujo y empresas de maletín para el lavado de dinero y evasión de impuestos, no sería la primera operación mercantil que realiza en el extranjero.  En 2007, la Fiscalía venezolana confirmó el rastreo de transferencias por 330 mil dólares realizadas por el oficial imputado hacia cuentas bancarias en el extranjero, según informe de Contraloría General de la República.

Islas Seychelles: refugio del turismo de lujo y  paraíso fiscal

A primera vista, el nombre de Cruz Weffer no aparece en la ficha de registro inicial ni en el certificado de continuidad de la empresa con fecha del 29 de septiembre de 2008 que emiten las autoridades de Seychelles. De hecho, la inscripción de Univers Investment en el archipiélago no la hizo directamente el militar venezolano sino  Barreto & Partners Sàrl, una firma de administración de propiedades domiciliada en Suiza, que a su vez es cliente del poderoso bufete de abogados Mossack Fonseca, radicado en Panamá.

El nombre de Cruz Weffer está encubierto bajo la figura de “bearer” (portador, en inglés), una de las fórmulas de registro de empresas que ofrece el bufete panameño para garantizar un alto nivel de secretismo. En su caso, se creó una empresa offshore (que no realiza ninguna actividad económica o comercial en el país donde está registrada por lo que no paga impuestos) cuyo intermediario, Barreto & Patners Sàrl (cliente del bufete panameño Mossack Fonseca  actuó como representante.

La inscripción de la empresa de Cruz Weffer cumplió las formalidades exigidas por la autoridad en negocios internacionales de Seychelle, la Seychelle International Business Authority (SIBA), que notificó a la sucursal en el archipiélago de Mossack Fonseca & Company la incorporación de Univers Investment el 7 de mayo de 2007, bajo el número 036837.

Barreto & Partners Sàrl ha abierto unas 47 empresas de maletín en paraísos fiscales (6 de accionistas venezolanos en Seychelles) como intermediario de Mossak Fonseca. Su sede domiciliada en la Route de Lussy de St Prex, Suiza, contradice la magnitud del conjunto de compañías que representa, cuyos propietarios se encuentran alrededor del mundo.

Sede de la firma Barreto & Partners Sàrl en Suiza

En las bases de datos de MF está registrada  la relación del nombre de Cruz Weffer y Univers Investment. Sin embargo, en el intercambio de correos que se da en 2009 entre la casa matriz y la sucursal en Seychelles, trasciende que el SIBA solicitó al bufete panameño que actualizara los nombres de los accionistas y direcciones de las sociedades registradas en el archipiélago por exigencias de la enmienda de la Ley en Seychelles. Debían ser entregados antes del primero de enero de 2010.

La dirección del accionista único (shareholder) de Univers Investment, tal como lo indica la ficha de registro, no se encuentra a orillas del Océano Índico sino del Mar Caribe, específicamente en Caracas, en las residencias Cascadas La Castellana, situadas en la urbanización del mismo nombre.  Se trata de un exclusivo conjunto residencial que cuenta con vigilancia privada y  rejas eléctricas.

A pie del Ávila de Caracas está la sede de la compañía Univers Investment, registrada en Islas Seychelles en 2007

Runrun.es y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) contactaron a Cruz Weffer en la dirección de la empresa en Caracas. Solicitaron una entrevista por escrito el 15 de marzo de 2016, así como el 25 de marzo de 2016 con un cuestionario de preguntas sobre las empresas registradas en el extranjero.

Vía correo electrónico (30-03-2016), Cruz Weffer negó haber registrado Univers Investment: “Revisando por Internet pude verificar que Seychelles son un grupo de Islas pertenecientes al Continente Africano, donde jamás, pero jamás he estado, por tanto mal pude registrar una Sociedad en ese lugar” (sic). También,  sugirió que podía comprobarse fácilmente sus salidas y entradas al país mediante una solicitud al Ministerio de Relaciones Exteriores. Agregó que “años atrás” adquirió una empresa registrada en Panamá por un monto de $50 para abrir una cuenta en un banco filial del Crediss Suiss (sic) en Ginebra, para solicitar  un crédito a la financiadora italiana Credito and Svillupo con el fin de  desarrollar proyectos de vivienda en Venezuela. Aclaró que tanto la empresa como la cuenta están actualmente cerradas.

Pero al contrario de lo que asegura Cruz Weffer, hoy en día no es necesario viajar hasta abrir una empresa en un paraíso fiscal. Pueden emitirse certificados de propiedad difíciles de rastrear conocidos como “acciones al portador” a través de firmas que actúan como intermediarios, como fue el caso de Univers Investment.

La empresa de Cruz Weffer en Seychelles sólo tuvo 4 años de duración, durante los cuales no registró mayor movimiento, según su ficha de registro mercantil. Fue cerrada el 11 de abril de  2011, año en que un tribunal absolvió el juicio por corrupción contra el ex jefe del Plan Bolívar 2000, medida que fue apelada poco después por la Fiscalía.

El consentido de Chávez

La cuestionada conducción de Cruz Weffer en el Plan Bolívar 2000 y Fondur se convirtió en el primer escándalo de corrupción del gobierno de Chávez no sólo por el monto público que implicó (unos 120 millones de dólares a comienzos del siglo XXI) sino por involucrar a una de las figuras más leales al presidente fallecido en el inicio de su gobierno.

Presentado inicialmente por el propio Chávez como un “novedoso plan revolucionario”, el Plan Bolívar 2000 comenzó a ser blanco de señalamientos por irregularidades prácticamente desde su inicio.  El diario El Nacional, por ejemplo, publicó que Cruz Weffer había comprado un apartamento en la exclusiva urbanización Colinas de Tamanaco por 1 millón 800 mil dólares. El general se limitó a decir que era objeto de una campaña de difamación, pero nunca desmintió la compra, destaca Veneconomia (No. 2, noviembre 2011).

A dos años de su creación, Chávez le fue restando poder al ejecutor del Plan Bolívar 2000 hasta que el 24 diciembre de 2001, desde su programa radial Aló Presidente, confirmó que la remoción de Cruz Weffer de la Comandancia del Ejército fue una “decisión de ajustar el alicate, como cualquier otra”.

Graduado dos años antes que Chávez, Cruz Weffer ocupó el puesto número 2 de su promoción 1973 en la Academia Militar. Aunque no formó parte del fundacional 4 de febrero (asonada militar que encabezó Chávez en 1992 contra el presidente Carlos Andrés Pérez), formaba parte de su círculo de confianza.

“Cruz Weffer tuvo un trato privilegiado en los primeros años del gobierno de Chávez. No a cualquiera le daban un sector económico estratégico como la construcción en Venezuela. El presidente fallecido le tenía estima, pero el oficial comenzó a cometer demasiados excesos y eso no se lo perdonó”, observa Rocío San Miguel, directora de la organización Control Ciudadado.

La analista resalta que Chávez nunca castigó a los uniformados que hubiesen incurrido en irregularidades administrativas, salvo el caso de Raúl Baduel y al militar del Central Azucarero Ezequiel Zamora (Caeez), general Delfín Gómez Parra (condenado en 2011 a 7 años y 7 meses de prisión cuando ya llevaba 5 años y dos meses preso), “Cuando Chávez se molestaba con ellos, les hacía ver que ‘no te quiero ver más’, solía alejarlos, nombrarlos en embajadas.  Actuaba como un pater familias en una relación potestad y dominio hacia sus subordinados”.

San Miguel no descarta una posible “guerra sucia” dentro de las fuerzas armadas que impulsó la caída en desgracia  de Cruz Weffer.  “No era moneda de oro para otros militares, por todo el poder que ostentaba”.

Un dato que resalta un informe sobre Venezuela de la firma estadounidense  Stratford (reproducido por Veneconomía en noviembre de 2001) podría dar pistas sobre las fisuras dentro de las fuerzas armadas antes del golpe del  11 de abril de 2002. El entonces ministro de la Defensa, José Vicente Rangel y el alto mando militar emitieron un comunicado público en el que manifestaban su apoyo pleno a Chávez. El documento, que tenía la intención de contrarrestar el descontento dentro del Ejército, no fue firmado por ninguno de los principales comandantes, entre ellos Lucas Rincón y Cruz Weffer, considerados como las fichas militares más importantes de Chávez para la época.

La creciente corrupción dentro el gobierno era una de las principales discrepancias dentro del Ejército a comienzos de siglo XXI. Basta con revisar las declaraciones de Cruz Weffer en el año 2000 para entender el criterio que tenía el ex general sobre el manejo de los dineros públicos. Cuando aún era titular de Fondur, manifestó estar en desacuerdo con la modalidad de licitación para escoger las empresas que ejecutarían las obras. “Las ganan 4 o 5 constructoras que son las mafias de la construcción; en cambio con la adjudicación directa le estamos dando cabida a más de 400 empresas pequeñas y medianas”, declaró a El Nacional el 8-03-2001.

 

Bajo perfil

Aunque Cruz Weffer procuró pasar agachado después de ser separado de los cargos, no dejó de trabajar indirectamente para el gobierno chavista. Según el registro del Seguro Social IVSS, hasta 2014 fue presidente de la empresa Grandes desarrollos integrales y organizacionales de soluciones sociales C.A (Grandiosos), una contratista del Estado cuyo objeto social es “la ejecución y realización de obras y proyectos relacionados con la construcción civil, eléctrica e industrial”. Un sector sobre el que ya tenía experiencia el general retirado.

Según el Registro Nacional de Contratistas (RNC), la vicepresidencia de Grandiosos era ocupada por José Antonio Páez Jurado, compañero de la Academia Militar de Cruz Weffer pero de la promoción ‘1972 General de Brigada Pedro Briceño Méndez’.

Grandiosos está desactualizada en el RNC, es decir, está inhabilitada para contratar con el Estado. Tampoco tiene sede, al menos ya no funciona en la dirección que indica el Registro, en la Torre Credicard de El Bosque. Los nuevos ocupantes de la oficina (el portal de noticias Entodonoticias.com, de abierta línea pro oficialista; una productora de televisión y una academia de modelaje) no tienen información donde ubicar a la empresa de construcción presidida por Cruz Weffer, que se mudó del lugar hace aproximadamente dos años.  Los teléfonos Cantv que indica la ficha RNC no funcionan.

En los años en que era investigado mas aún no imputado por corrupción, Cruz Weffer se dedicó a actividades empresariales. Aparece como director ejecutivo de la empresa Pac Rim Group, registrada en Caracas en 2005. Pese a no estar en el RNC, esta compañía firmó el 12 de mayo del año siguiente de su creación un contrato de Alianza estratégica con la Gobernación de Carabobo, bajo la administración de Luis Felipe Acosta Carlés -general de Brigada de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB)- para la “construcción, equipamiento, gestión administrativa, operación y mantenimiento del Aeropuerto Internacional Bartolomé Salom de Puerto Cabello.

Según el documento, la alianza con la Gobernación de Carabobo implicaba más: el otorgamiento de la concesión de 50 años a Pac Rim Group, contados desde el 12 de mayo de 2016 hasta el 12 de mayo de 2056. En esa ocasión, la empresa estimó una inversión aproximada de 850 millones de dólares en infraestructura, equipos y adquisición de terrenos adyacentes para construir la pista del aeropuerto operativo, entre otros gastos

Actualmente, el aeropuerto de Puerto Cabello se encuentra operativo, pero no tiene vuelos comerciales. Pertenece a Bolivariana de Aeropuertos (BAER), adscrito al al Ministerio para el Transporte Acuático y Aéreo.

Cruz Weffer también registró propiedades en Estados Unidos junto con su ex esposa, Lenis Josefina León de Cruz antes de ser imputado. Según los registros oficiales de Broward County Florida, el 25/11/1996 fueron beneficiarios de una concesión de una propiedad en 16691 Royal Poinciana Dr, Fort Lauderdale, Florida, valorada en $287.300. Esa misma propiedad fue traspasada por la pareja a Corey Schmith el 23 de mayo de 2005.

Otra propiedad donde Cruz Weffer tiene domiciliado su nombre  en EEUU es el 524 N Paxton Alexandria, Virginia 2230, donde funciona la compañía Cruz and Tran (registrada el 27 de enero 2011) que según el registro Realtor.com está valorada en $ 493.025.

Cruz Weffer admite vía email que a partir de 2003, cuando pasó oficialmente a retiro, se dedicó a trabajar independientemente. En Venezuela creó dos empresas de construcción (una activa y otra inactiva) y una tercera en el extranjero, de “capital y personal bajo”, aclara. Asimismo, es asesor de varias empresas del sector. Detalla que tiene dos cuentas personales y una jurídica a nombre de Promotora Colinas de Yara que desarrolla un conjunto residencial en Maturín, Monagas, llamado Puertas del Sur Country.

Agrega en el escrito que en el exterior tiene una cuenta personal abierta recientemente en el Banco Banistmo de Panamá, “en virtud de que estoy tratando de desarrollar un proyecto de casas de interés social en ese país”, y una cuenta jurídicaa nombre de VK Land Group, administrada “unilateralmente” por su pareja, Krsmer Velásquez Fariñas.

En Venezuela, Velásquez, de 34 años, es accionista de la Asociación Cooperativa CMS para Venezuela (inactiva), registrada en 2012 en Carabobo, que según el RNC se dedica a la importación y exportación de material de ferretería, computación, alimentos, vehículos, entre otros.  Aparte,  es presidenta de la empresa Investments Global Kv 1082 Corp, registrada en Miami, Florida en julio de 2014, indica la base de datos de la División de Corporaciones del Departamento de Florida. Hoy está inactiva.

Foto subida a Facebook en septiembre 2015 (Captura)

 

Retardo procesal

Desde que comenzó a ser investigado por la Fiscalía en 2002, el proceso judicial contra Cruz Weffer ha estado lleno de intermitencias a lo largo de 14 años: anulaciones, recursos de amparo y apelaciones lo convierten en un caso de retardo procesal “en beneficio del imputado”, describe Juan Carlos Apitz, profesor universitario y ex magistrado del TSJ. “Los accidentes han servido para que el imputado no haya sido finalmente condenado y purgue su condena”.

La última decisión judicial que se conoce data del 16 de julio de 2013, cuando la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ordena el enjuiciamiento contra Cruz Weffer, instruyendo a la Sala de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de Caracas a resolver el recurso de apelación intentado por el Ministerio Público. Pero “¿dónde está la nueva sentencia? ¿qué pasó con el expediente de la Corte de Apelaciones?”, se pregunta Apitz.

El juicio contra el ex presidente del Plan Bolívar 2000 luce “engavetado”, fórmula que permite que con el tiempo  se olviden los delitos y sus respectivas penas, recuerda Apitz. Si se tiene en cuenta que la consumación de los delitos imputados a Cruz Weffer se remontan a 2002 y el artículo 108 del Código Penal indica que una acción penal prescribe a los 15 años, en 2017 podrían quedar enterrado el proceso penal contra quien fuera el primer caso de corrupción del  gobierno de Chávez.